Un Juez de Letras en resolución de audiencia inicial dictó este viernes auto de formal procesamiento con prisión preventiva para tres exempleados de Casa Presidencial durante la administración del expresidente Juan Orlando Hernández (2014-2018), encausados por el caso de corrupción denominado 'Helios'.
La medida fue impuesta a los imputados Harvis Edulfo Herrera Carballo por suponerlo responsable del delito de fraude; asimismo para Eusebio Noel Rodas Flores por fraude y lavado de activos.
Además, Óscar Alberto López Escalante por el delito de lavado de activos todo en perjuicio de la seguridad interior del Estado, administración pública, la fe pública y la economía del Estado de Honduras.
En cambio, el juez natural dictó para Keyla Julissa Palma Ramos acusada de fraude y lavado de activos, la medida de arresto domiciliario con vigilancia policial y prohibición de salir del país.
En el caso de los acusados Carlos Rubén López Oliva y María Maldonado Orellana por falsificación de documentos públicos, la medida de firmar cada 15 días ante la secretaría general de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la prohibición de salir del país.
Se resolvió también por el togado que por el delito de asociación para delinquir, se dicte un sobreseimiento definitivo para los encausados.
El Poder Judicial informó que los imputados tendrán tres días hábiles para interponer un recurso de apelación ante la CSJ.
El caso de corrupción denominado 'Helios'
Según el requerimiento fiscal presentado por el Ministerio Público (MP), los imputados junto a un actual diputado al Parlamento Centroamericano (Parlacen), no habido en el proceso, diseñaron varias empresas para cobrar un monto de 143 millones 638 mil 214 lempiras con 48 centavos.
La acusación indica que se emitieron unos 144 cheques a nombre de sociedades mercantiles relacionadas al pago de publicidad y comunicaciones, mismos que fueron cobrados por los imputados .
Posteriormente, depositados a cuentas bancarias para ser utilizados en acciones diferentes a su emisión, hechos suscitados entre 2016 y 2017, acciones realizadas por funcionarios de Casa Presidencial y del Instituto de la Propiedad.
Señaló el ente acusador del Estado que en dichas sociedades no existía registros contables de las actividades relacionadas y de los contratos firmados, además tampoco tenían la documentación soporte necesaria y la publicidad brindada
