La prolongada audiencia inicial contra el coronel en condición de retiro José Amílcar Hernández, hermano del expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández, arrancó bajo un peso ineludible: diez cajas de evidencias entregadas por la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC).

Cada carpeta, factura y contrato representa una pieza clave para definir si existió un fraude millonario en perjuicio de la Cooperativa Mixta de Mujeres Unidas Limitada (Comixmul).

La Fiscalía lo acusa de lavado de activos, estafa y apropiación indebida, señalando que los fondos malversados superan los 37 millones de lempiras.

Del otro lado, nueve defensas técnicas, de los nueve acusados sostienen que no hubo ilícitos, sino acuerdos contractuales que no deberían interpretarse como fraude.

El pasado viernes, las Fiscalías Especiales Contra Delitos Comunes (FEDCOM) y Contra el Crimen Organizado (FESCCO) ejecutaron siete allanamientos en Francisco Morazán y Comayagua.

Se capturó a José Amílcar Hernández Flores, Magda Edy López Sierra, Dilia Lizeth López Sierra, Isis Karina Ramírez Villeda, Yolanda Corea Alvarado, Jorge Alberto Juárez Rodríguez, María Antonia Juárez Rodríguez, Sandra Nohemí Fuentes Jiménez y Alejandra María Suárez Fortín.

El peso de diez cajas de evidencias

La sala de audiencias se convirtió en una especie de archivo judicial. Los documentos no solo cubrieron mesas, sino que obligaron a las defensas a solicitar más tiempo.

La jornada del 2 de septiembre, que inició con la expectativa de avanzar en la evaluación de pruebas, tuvo que suspenderse para reiniciar a las 2:00 p. m. y continuar hasta finalizar este día en horas de la madrugada.

Incluso se habilitaron camas dentro del recinto para enfrentar lo que se prevé como largas horas de análisis.

En medio de papeles, contratos y balances financieros, los fiscales insisten en que cada documento apunta a un mecanismo de simulación de servicios profesionales que nunca existieron.

La Fiscalía y los contratos falsos

De acuerdo con la investigación, la supuesta red operó desde 2015. El esquema se habría tejido a través de contratos de servicios profesionales falsos, que usaron como justificación para transferir más de 47 millones de lempiras.

Aunque el monto inicial figura en los contratos, la Fiscalía asegura que al menos 37 millones de lempiras se desviaron mediante maniobras fraudulentas, en las que participaron bufetes privados y directivos de la cooperativa.

Los documentos consignados buscan probar que los pagos se diseñaron para encubrir la sustracción sistemática de recursos.

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El proceso contra Amílcar Hernández, hermano de JOH

El expediente es voluminoso. La complejidad del caso no solo está en la abundancia de documentos.

Está también en el impacto político y social que supone enjuiciar al hermano de un expresidente condenado por narcotráfico en Estados Unidos.

Mientras la Fiscalía asegura que este proceso busca esclarecer el destino de los fondos y castigar la corrupción, las defensas insisten en que se trata de un error de interpretación y que todo se reducirá a una batalla de pruebas.

Entre sellos, firmas y contratos como parte de las evidencias, no solo se juegan las responsabilidades penales de los implicados; también la credibilidad de un sistema judicial constantemente cuestionado.