La Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) se une a la lucha contra el tráfico de drogas y ahora inspecciona en los diferentes centros penitenciarios del país.
Sus operaciones se enfocan en el registro y control de visitantes, a los centros penitenciarios de Támara, El Porvenir, en Siria, ambos en Francisco Morazán.
Pero además están en “La Tolva” de Morocelí, en El Paraíso, en “El Pozo”, de llama, en Santa Bárbara.
También en El Porvenir, Atlántida; Juticalpa, Olancho, así como en Choluteca, Santa Rosa de Copán y Comayagua.
Los agentes de la DLCN buscan identificar a miembros de estructuras criminales que utilizan estrategias y medios (personas) para ingresar drogas a los centros penales.
Quieren parar las jugosas ganancias por la venta de drogas en el interior de las cárceles, ante la problemática por la disputa del mercado de las drogas fuera y dentro de los recintos.
Personal atento
Se designó para esta misión a personal especializado en perfilamiento y del Escuadrón Canino con perros adiestrados en búsqueda de drogas y dinero en paquetes y personas.
Toda la operación se realiza en coordinación con el Ministerio Público y la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y la Junta Interventora de los centros penitenciarios.
Solo en el centro penitenciario de Támara la Junta Interventora estima que se mueven alrededor de L10 millones semanales en el negocio de las drogas.
En un comunicado el Ministerio Público explicó que "espera obtener resultados para contrarrestar el flagelo de las drogas, identificar integrantes de las estructuras que se encuentran en libertad y posteriormente efectuar las capturas", señala.
La DLCN pide a la población que denuncie el tráfico de drogas y de forma confidencial y anónima se tratará la información llamando a los teléfonos 9940-2222 y 3140-2222.
En los centros penales de manera constante se da el decomiso de drogas, los visitantes con ingenio buscan de diferentes formas introducir drogas, dinero y armas.
La PMOP tomó el control de los centros penitenciarios a finales del mes de julio, tras el asesinato de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS).
Aseguran que recuperarán el control para evitar ilícitos desde los penales.
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