Han pasado casi cuatro años desde la misteriosa desaparición de Angie Peña Melgares, la joven hondureña que fue vista por última vez el 1 de enero de 2022 en la playa de West Bay, Roatán, sin que hasta la fecha se conozca su paradero.

Sin embargo, nuevas declaraciones del Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas reavivan la esperanza: Angie podría estar con vida.

En entrevista concedida al noticiero Prensa del Aire de radio HRN, Miguel Tejeda, miembro del Comité en Islas de la Bahía, aseguró que existen indicios de que la joven habría sido víctima de una red internacional de trata de personas y trasladada al extranjero.

"Tenemos acceso a alguna información que sugiere que Angie podría seguir viva en un país del sur. Fue tratada al más alto nivel con extranjeros", reveló Tejeda, quien pidió cautela por motivos de seguridad y la vida de la víctima.

Red de explotación sexual y condena histórica

Las declaraciones surgen tras la condena a 37 años de prisión contra el estadounidense Gary Lee Johnston, dictada en Tegucigalpa por delitos vinculados a la explotación sexual comercial en Roatán.

Según Tejeda, este fallo representa "un paso trascendental" en la lucha contra las redes que operan en el Caribe hondureño.

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El funcionario explicó que Johnston, junto a otros extranjeros y empresarios locales, habría sido parte de una red de pedofilia y trata que utilizaba negocios turísticos como fachada.

"Estos individuos se movían como empresarios respetables, pero en realidad explotaban niñas y niños, ofreciendo lo que ellos llamaban 'producto' a pedófilos extranjeros que llegaban de vacaciones a la isla", denunció.

Dentro de esta organización —conocida como 'Delta Teams'— figuran también los estadounidenses Harold Joseph Green, William James Murdock y el hondureño Ramón Gustavo Trejo Nájera, todos actualmente con auto de formal procesamiento y prisión preventiva.

Vínculo directo con el caso de Angie Peña

El Comité sostiene que Gary Lee Johnston fue "pieza clave" en la desaparición de Angie Peña. De acuerdo con Tejeda, durante los allanamientos en viviendas vinculadas a la red se habría encontrado ropa de la joven y un arete coincidente con el que llevaba el día de su desaparición.

"Estamos altamente claros de que sí hay vinculación. En una vivienda de otros americanos se hallaron parte de sus pertenencias. Johnston tiene mucho que ver, aunque nunca colaboró con la investigación", puntualizó el miembro del Comité.

El proceso judicial sigue su curso

En diciembre de 2024, la Corte de Apelación en Materia de Criminalidad Organizada ratificó el auto de formal procesamiento con prisión preventiva contra Green y Murdock, al considerar que existen indicios suficientes de su participación en la desaparición y venta de Angie Peña.

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La resolución judicial señala que "hay razones suficientes para creer que existen hechos con forma de delito y participación de los encausados", por lo que el caso continuará en la etapa de juicio.

Silencio y miedo en Roatán

El caso de Angie Peña ha expuesto lo que muchos califican como una zona de impunidad, donde el turismo y el dinero extranjero han facilitado la operación de redes criminales dedicadas a la explotación sexual.

Tejeda denunció que "la prensa local ha estado coartada" y que muchas personas temen hablar por miedo a represalias.

"Necesitamos que los que sepan la ruta que tomó el tratante con Angie Peña hable. Todavía la gente tiene miedo, no tiene suficiente credibilidad para hablar, pero sabemos que hay gente que sí tiene suficiente información que nos podría ayudar para que la Secretaría de Seguridad encuentre a Angie", expresó.

Caso de Angie Peña sigue abierto

Las autoridades y el Comité Interinstitucional contra la Trata de Personas mantienen que la investigación sobre la red de explotación en Roatán continúa. Aunque varios estadounidenses ya están detenidos, se espera que más implicados sean identificados y procesados.

Expertos señalan que aún faltan diligencias forenses y pruebas clave para esclarecer la totalidad de la red y garantizar justicia, mientras persisten cuestionamientos sobre posibles presiones que habrían retrasado detenciones adicionales.

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