La palabra tráfico de armas volvió a sonar en las cortes de Virginia esta semana. Miguel Humberto Pinto Serrano, de 29 años, y Walter Antonio Coto Alvarenga, ambos hondureños e indocumentados, aceptaron su responsabilidad en el contrabando de cartuchos, cargadores y piezas de armas de fuego hacia territorio hondureño.
Ambos compartían residencia en Sterling, Virginia. Según la acusación federal, Pinto Serrano realizó, entre 2020 y 2025, más de 20 compras de municiones y componentes de armas.
Utilizó tiendas especializadas y plataformas como eBay para adquirir miras nocturnas, empuñaduras y cañones.
En noviembre de 2022, envió 3,000 cartuchos a Honduras, ocultos en una caja declarada como “ropa y alimentos”.
La caja fue interceptada en el departamento de Copán y fue cuando descubrieron el nombre y teléfono de Coto Alvarenga.
El tráfico de armas desde Virginia
El 21 de abril de 2025, agentes federales registraron la vivienda de los hondureños en Sterling. Hallaron mil cartuchos, piezas de armas y cargadores nuevos.
Ese mismo día, ambos llegaron en un vehículo alquilado. En su interior había dos rifles, varios cargadores vacíos y uno cargado. Uno tenía el número limado.
El teléfono de Pinto mostró mensajes donde coordinó la venta de rifles. En ellos, reveló su intención de enviarlos a Honduras como parte del tráfico de armas.
Delitos confesos y sentencia pendiente
Pinto se declaró culpable por contrabando y por portar armas siendo indocumentado. Su deportación quedó activa desde 2013, tras su ausencia en corte migratoria.
Coto aceptó su culpa por posesión y transporte de armas siendo inmigrante ilegal. Ambos recibirán su sentencia el 24 de septiembre en un tribunal federal.
Aunque enfrentan hasta 15 años de prisión, la condena podría ser menor. La decisión final dependerá de las directrices federales y de factores legales adicionales.
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La operación que comenzó en Copán
Este caso forma parte de Recuperemos América, una operación del Departamento de Justicia contra inmigración ilegal, crimen transnacional y tráfico de armas hacia Latinoamérica.
El fiscal Erik Siebert y el agente Christopher Heck destacaron que este caso muestra cómo redes delictivas cruzan fronteras usando canales migratorios para operar.
Con municiones ocultas en cajas y rifles sin serie, el tráfico de armas halló ruta desde Virginia hasta Copán. Pero esta vez, el envío terminó en juicio.
