La tarde del 2 de mayo de 2012, el bulevar Fuerzas Armadas de Tegucigalpa se convirtió en escenario de una emboscada que reflejó la profundidad de la crisis que atravesaba la Policía Nacional. Dos oficiales separados de la institución fueron atacados con una lluvia de disparos mientras se desplazaban en un vehículo.
Catorce años después, el caso continúa sin responsables condenados y permanece como uno de los episodios más recordados de la violencia que también golpeó a quienes alguna vez vistieron el uniforme.
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Dos oficiales emboscados en plena capital
Eran alrededor de las 6:00 de la tarde cuando el inspector Rosel Armando Nájera Hernández y el subcomisario Dorian Sobalvarro Bueso circulaban por el bulevar Fuerzas Armadas, frente al Centro Evangelístico Asambleas de Dios (CEAD), cerca de la colonia San Ángel.
Según la investigación, una camioneta negra se acercó al vehículo Mitsubishi blanco, sin placas, en el que viajaban ambos oficiales y desde su interior abrieron fuego con armas automáticas.
Cuando los equipos policiales llegaron a la escena encontraron el automotor completamente perforado.
Los peritos contabilizaron alrededor de 40 casquillos en el lugar, mientras el vehículo presentaba más de 50 impactos de bala distribuidos en la parte frontal, trasera y los costados.
Los atacantes escaparon antes de que llegaran las autoridades.
Una investigación rodeada de hipótesis
Desde las primeras horas del crimen, las unidades de inteligencia manejaron distintas líneas de investigación.
Testigos afirmaron que vieron una camioneta negra con llamativos adornos en forma de llamas sobre las puertas, descripción que se incorporó a las diligencias iniciales.
El doble homicidio ocurrió después de que a ambos oficiales los separaran de la Policía Nacional como parte de los procesos de investigación que se desarrollaban dentro de la institución.
Rosel Armando Nájera había enfrentado un proceso penal en 2010 por los delitos de secuestro y robo agravado.
La acusación señalaba que, junto con otros agentes, habría secuestrado a una pareja para obligarla a retirar dinero de cajeros automáticos.
Sin embargo, el caso no prosperó. El Juzgado de lo Penal dictó sobreseimiento definitivo a su favor al concluir que el Ministerio Público no presentó pruebas suficientes para sostener la acusación.
Por su parte, a Dorian Sobalvarro lo investigaron por presunto enriquecimiento ilícito. Las autoridades analizaban información relacionada con bienes cuyo valor no correspondía con sus ingresos como funcionario policial.
Aunque ninguna de esas investigaciones había concluido, ambas formaban parte del contexto en el que ocurrió el ataque.
La crisis que golpeó a la propia Policía
El asesinato ocurrió durante uno de los años más complejos para la institución policial.
En 2012 Honduras enfrentó una profunda crisis de confianza tras las denuncias sobre la infiltración del crimen organizado en distintos niveles de la Policía Nacional y el inicio de procesos de depuración administrativa.
Mientras avanzaron esas investigaciones, la violencia también alcanzó a integrantes de la propia institución.
Solo ese año asesinaron a 65 miembros de la Policía Nacional, una cifra que evidenció que portar o haber portado el uniforme no era garantía.
Dos carreras policiales marcadas por la controversia
Dorian Sobalvarro Bueso, originario de Tela, Atlántida, egresó de la Academia Nacional de Policía en 1998 como subinspector y licenciado en Ciencias Policiales.
Prestó servicio en Tránsito, la Policía de Fronteras, el Departamento de Análisis y el Distrito Policial 1-7 de la colonia San Francisco, donde permanecía antes de su suspensión.
Rosel Armando Nájera Hernández, originario de El Progreso, Yoro, se graduó de la Academia Nacional de Policía en el 2000.
Durante su carrera lo asignaron a la Jefatura Metropolitana de Tegucigalpa, el Distrito Policial de La Granja y posteriormente a Ocotepeque.
Su nombre figuró entre los primeros oficiales que se depuró de la institución mientras lo sometieron a investigación.
Catorce años sin respuestas
Pese a la magnitud del ataque, la cantidad de disparos y las distintas hipótesis que surgieron desde las primeras horas, el asesinato de Rosel Armando Nájera Hernández y Dorian Sobalvarro Bueso continúa sin un desenlace judicial conocido.
La emboscada quedó registrada como uno de los casos que simbolizaron la violencia que envolvía a Honduras en 2012.
Ese fue un año en que las balas no distinguieron entre civiles y policías. Catorce años después, el expediente recuerda cómo uno de los ataques más violentos contra dos oficiales terminó convirtiéndose también en una historia de impunidad.
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