Autoridades de regulación comercial y sanitarias de varios países de Latinoamérica anunciaron durante los últimos meses sobre el incremento de tráfico y contrabando de varios insumos en la región, tales como equipo de bioseguridad, alimentos y cigarrillos entre otros.

Según reportes de investigaciones publicadas en medios de Argentina, Chile y Colombia, redes de comercio ilícito gestan acciones desde Paraguay con productos sin regulación comercial que llegan desde China e India, lo que puede poner en peligro la salud, economía y seguridad de muchas personas.

Pero no solo eso, dichas acciones del crimen organizado también atentan contra la regulación tributaria de los países en los cuáles se han hecho grandes decomisos ya de prendas, cigarrillos e insumos de bioseguridad.

Una ruta identificada

Servicios de inteligencia en Latinoamericana han identificado que la mercancía en cuestión es llevada a las llamadas “zonas libres” en Colón (Panamá) o Corozal (Belice) y desde allí en operaciones logísticas a varios países introduciéndolos de manera ilegal a través de las fronteras terrestres o puertos, en muchas ocasiones en la modalidad de “en tránsito” o utilizando declaraciones aduaneras falsas.

Uno de los productos actuales de mayor tráfico son los cigarrillos, que, según estimaciones de productores y distribuidores de Honduras, el comercio ilícito de estos aumentó en un 30 por ciento durante 2019, lo que produce graves problemas para la salud, la economía y la seguridad.

Pese a ello, autoridades ha podido dar grandes golpes a estas actividades, decomisando varios productos de tabaco que han tratado de ingresar al país de manera irregular, sobretodo cigarros que llegan desde China obviando las medidas de seguridad y sanidad en su proceso. Ante ello, te enseñamos 4 formas de poder identificar estos productos.

Asalto económico

Las afectaciones económicas que produce el comercio ilícito pueden ser irreversibles. Por ejemplo, se pueden hasta tasar en 870 mil millones de dólares en un solo año, según la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.

Esto, visto macroeconómicamente representa entre un 8 y 15 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) mundial, según datos del Foro Económico Mundial. Es decir, para economías como Honduras, que depende mayoritariamente los tributos, impuestos y aranceles de productos como ingresos principales, puede significar gran parte de la seguridad financiera de la nación.

Para entender en un contexto que es contrabando, es preciso citar la voz de las autoridades de Aduanas en Honduras.

“Contrabando es la actividad ilícita que se ejerce en el país para evadir impuestos, mediante la importación y exportación de mercancías ya sea por las diferentes aduanas del territorio nacional o por puntos clandestinos donde no se debe transportar mercancías sujetas a impuestos aduaneros”, explica Lorena Hernández, jefa del Departamento de Operaciones Aduaneras, de la Administra Aduanera de Honduras.

En ese sentido, el comercio ilegal de estos productos produce pérdida de empleos directos, pago de impuestos, estabilidad financiera y laboral a las economías en desarrollo.  

Para la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT por sus siglas en inglés), este tipo de actividad se cataloga como "economía clandestina", que es aquella que termina forzando a los gobiernos a imponer mayores cargas tributarias o impuestos a los contribuyentes.

Se requiere de la Comisión Interinstitucional Anti-Contrabando que fue aprobada en 2010, pero ha dejado de ser usada como mecanismo de cooperación pública/privada para atacar el tema del contrabando.

¿Qué se hace por evitarlo?

Es una situación compleja de controlar. Sin embargo, urgen medidas ejemplares para buscar soluciones a este problema.

Por ejemplo, para Fernando García, Director Ejecutivo de Asociación Nacional de Industriales de Honduras (ANDI), el funcionamiento de una comisión contra el comercio ilícito es un buen comienzo.

“Con la entrada en vigor del Artículo 31 del Decreto 17-2010 se institucionalizó la Comisión Interinstitucional de Combate al Comercio Ilícito que es una iniciativa positiva del Congreso Nacional y del Gobierno, sin embargo, no ha podido fructificar en vista de que no ha tenido la operatividad que requerimos”, explica.

“En tal sentido es fundamental trabajar en la reforma de este artículo para reestructura la comisión, de tal manera que pueda tener una institucionalidad permanente que permita reuniones continuas entre sector privado, fuerzas de seguridad pública, instituciones de gobierno, así como, el Ministerio Público y de esta manera poder identificar cuáles son los primeros y principales problemas que genera el contrabando y poder combatirlo de una manera eficiente y eficaz”.

García finalmente concluye que “la comisión actualmente depende de la extinta DEI y por eso es fundamental identificar bajo qué institución del Estado va a depender con una reforma que requerimos en el Congreso Nacional y la institucionalidad del gobierno”, expuso.

Otra solución que plantea la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) es que los gobiernos fortalezcan regulaciones que se puedan implementar para fortalecer el control en Zonas Libres de Comercio.