En tiempos donde las facilidades tecnológicas permiten acercar el mundo, también existen aquellos que buscan hacer ganancias de manera irregular, sin importar la integridad y salud de las personas, así como las recaudaciones fiscales necesarias para el desarrollo de los países.

Ante eso, autoridades hondureños -y de toda Latinoamérica- revelaron que han detectado que al menos siete rubros están siendo vulnerables al contrabando y la falsificación, haciendo un juego sucio entre la propia sociedad.

Estas actividades irregulares abarcan a rubros de extrema urgencia, es decir, artículos que por la pandemia por coronavirus se han vuelto de primera necesidad como material de bioseguridad, insumos hospitalarios, otros como el combustible, maquillaje, productos lácteos y tabaco.

Esto, traducido en cuantías económicas, desborda pérdidas millonarias al año. “Son alrededor de 265 millones de lempiras al mes en pérdidas por piratería y contrabando, es decir, unos 3,180 millones de lempiras al año”, dijo Gustavo Solórzano, gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep).

Necesidad legal

Sin embargo, para que la piratería y en contrabando funcione, hay dos acciones implícitas en el proceso: comprador y vendedor.

En ese sentido, debe haber una especie de juego limpio primero de los comerciantes que adquieren estos productos irregulares y luego de los compradores que deben confiar en marcas de prestigio en el mercado

Por ejemplo, emprender acciones en redes sociales como #Selimpio, en la que se incentiva a tu negocio al no vender contrabando de productos de procedencia dudosa.

Vale remarcar que los productos de contrabando son elaborados con materias primas de baja calidad.

Ya se ha denunciado en todo el continente la irregularidad de varias marcas, por ejemplo, en el rubro de los cigarrillos a la marca Modern, unos cigarros venidos de China mediante una red organizada de comercio irregular que nace desde Paraguay y que está afectando a la economía de los países.

Estas acciones de contrabando afectan la recaudación del Estado, esos recursos que se dejan de percibir debido a la evasión fiscal, podrían ser destinados a sectores claves como salud y educación.

“El comercio ilícito afecta a los negocios locales porque es una competencia desleal, cualquier producto que circule y no esté regulado representa un riesgo para los comercios, pero sobre todo un riesgo para la población que los compra”, opinó Solórzano al respecto.

Según el diario español La Vanguardia, la Alianza Latinoamericana Anticontrabando (Alac) indica que el contrabando mueve cerca de un 2 % del PIB de América Latina o unos 150,000 millones de dólares anuales, lo que afecta a industrias como las de la siderurgia, tabaco, licores, medicamentos y cosméticos; metal-mecánica y acero; plásticos y calzado; textiles y confecciones; y ciberseguridad.

En cuanto al rubro de los fármacos, según la Organización Mundial de la Salud, se vende un volumen creciente de medicamentos falsos relacionados con el coronavirus en los países en desarrollo, y la Interpol también ha visto un aumento en los productos médicos falsos relacionados con COVID-19.

“En efecto, en Honduras también los rubros afectados por el comercio ilícito son: medicina, cigarrillos, bebida alcohólicas, azúcar, maquillaje, perfumes y ropa, estos últimos, se ven perjudicados por el tema de la falsificación de productos”, finalizó Solórzano.

Según un informe de la Cid Gallup, recientemente, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) ha demostrado que el tráfico ilegal de cigarrillos es una gran fuente de rentas para los terroristas, por lo que comprar productos no regulados por la ley, lateralmente patrocina al crimen organizado.