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El control de precios "es pan para hoy y hambre para mañana" y faltan a la legalidad, según el presidente de la Asociación de Consumidores Artículo-19, Darwin Ponce.
Al respecto, señaló que la fijación de costos ahuyenta la inversión extranjera al no haber las condiciones que los empresarios buscan para producir, afectando finalmente al consumidor.
Por otra parte, manifestó que Honduras no atraviesa casos de fuerza mayor que deriven en una emergencia, desastre o calamidad para la determinación de un precio máximo de venta, tal como lo estipula el artículo 73 de la Ley de Protección al Consumidor.
"Nos preocupa que violentando la ley se pretenda establecer un control de precios que al final va a afectar al consumidor (...) lo que han promovido es distorsión del mercado, acaparamiento, proliferación de mercado negros, ánimos para la dilación y señales negativas", manifestó en el foro Frente a Frente de Televicentro.
Ponce consideró que esto desencadenará que los hondureños no estén motivados a producir y finalmente estén obligados a pagar altos costos en los productos de la canasta básica.
Más negativas sobre el control de precios
El directivo de la Asociación Nacional de Productores de Honduras (Anapoh), Edgardo Leiva, se debería omitir el control de precios para el bien de los pequeños productores quienes no llegarán a los costos, mientras el comprador final deberá pagar un alto precio.
"Al no haber un producto, el que lo tiene lo va a querer vender más caro. La autoridad no tiene la capacidad de dominar una ley de economía, la economía no se puede dominar con un decreto", especificó.
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Finalmente, acotó que se deben buscar otras alternativas como fortalecer las ferias agrícolas, a la Suplidora Nacional de Productos Básicos (Banasupro) y proveer alimentos a quienes no tienen disponibilidad de ingresos.
Fijación de precios
El ministro de Desarrollo Económico (SDE), Pedro Barquero anunció un precio máximo de venta para 40 productos de la canasta básica para evitar la especulación de sus costos en época navideña.
Dicha medida entrará en vigencia cuando sea publicada en el diario oficial "La Gaceta" y durará 30 días.
Quienes incumplan con la normativa podrán ser multados con 1 a 10 mil salarios mínimos, además se considerará cerrar los negocios infractores por un mes.
