La aprobación que hizo el 15 de febrero el Congreso Nacional de la Ley de Estado de Emergencia Fiscal, que autoriza al gobierno adquirir nueva deuda por 49 mil 108 millones de lempiras para cubrir el deficitario presupuesto de 2022, podría encarecer los nuevos créditos que brindan organismos internacionales.

"Se nos podrían imponer, entre otros potenciales riesgos, tasas de interés mucho más altas de lo habitual", dijo Liliana Castillo, expresidenta del Colegio de Economistas de Honduras.

No hay dinero

La ministra de Finanzas, Rixi Moncada, aseguró la semana pasada que el Estado sólo cuenta con 800 millones de lempiras en caja y que el déficit de caja supera los 64 mil millones de lempiras. De igual manera, calificó como "falso" y "lleno de inconsistencias" el Presupuesto de Egresos e Ingresos de 2022 que asciende a 308 mil 233 millones de lempiras.

Asimismo, la deuda pública -externa e interna- alcanzó, al cierre de 2021, los 384 mil 986 millones de lempiras, un incremento de 33 mil 811 millones en comparación con los 351 mil 175 millones de lempiras que se registró en 2020.

Al término de 2021, según datos de Finanzas, Honduras percibió una recaudación tributaria que superó los 100 mil millones de lempiras.

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Emergencia

En el escenario de emergencia fiscal Honduras podría ser percibido por parte de organismos multilaterales de financiamiento, entre ellos el Fondo Monetario Internacional (FMI), como un país que cuenta con serios problemas de liquidez y, por ende, las futuras negociaciones para acceder a nuevos créditos podrían verse estropeadas.

"Aquí (lo que) se condena es la forma en que se aprobó ese decreto, a inicio de gobierno, bajo el argumento de Finanzas de que no existe suficiente liquidez en la caja de la Tesorería", acotó Castillo.

La subsecretaria de Finanzas, Elizabeth Rivera, argumentó de su lado que "la emergencia fiscal está allí, es tangible, pero había que declararla".

Al mismo tiempo, la funcionaria explicó que, desde agosto de 2021, esos fondos estaban presentes en las arcas del Banco Central de Honduras (BCH). "El FMI nos dijo que para solicitarlos sólo se necesitaba declarar la emergencia".

Poca información

En tanto, Luis Guifarro, quien también fungió como presidente del Colegio de Economistas, lamentó que no exista suficiente información sobre el estado en que la nueva administración encontró las finanzas públicas.

"Me parece que estas iniciativas del nuevo gobierno sólo son retazos aislados de una verdadera política enfocada a tratar el problema tributario y de gasto", explicó.

Exoneraciones

El 15 de febrero, el Ejecutivo envió al Congreso Nacional un proyecto de decreto que suprime distintas exoneraciones fiscales con el fin de aumentar las recaudaciones.

El documento, según el argumento de Finanzas, es una "eliminación progresiva de ellas (exoneraciones)". "Al no existir una supervisión de los sectores exonerados, no hay una certeza por la que se concede el beneficio", señaló.

De igual modo, está la evasión fiscal, para la cual se debe diseñar una política que la combata. Sin embargo, "ello no se ha escuchado desde el nuevo gobierno".

Otro experto en la materia, como el economista Ismael Zepeda, consideró que las exoneraciones no se deben anular totalmente, sino que revisarlas para no afectar las que verdaderamente generan inversión y empleos.

Los beneficios de exoneraciones representan un 7 por ciento del Producto Interior Bruto y un 43.2 por ciento de los ingresos tributarios aprobados en el Presupuesto de Egresos e Ingresos de 2022.

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