El negocio de la piratería y el contrabando de mercancías ha causado un considerable daño a la economía de Honduras durante los últimos años y ha puesto en una gran desventaja a los empresarios hondureños que invierten sus recursos y generan miles de empleos cada año.

Con el contrabando y la piratería pierden los estados, los consumidores y agentes productivos. El tráfico de mercancías ilegales y todas aquellas formas de violación a los derechos de propiedad industrial e intelectual representan un grave riesgo para las economías y la sociedad en general.

Según Gustavo Solórzano, gerente de Asesoría Legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Honduras ha dejado de percibir alrededor de 4 mil millones de lempiras al año por piratería y contrabando.

Los rubros más afectados por el comercio ilícito son: la medicina, tabacaleras, la venta de bebidas alcohólicas, azucareras, distribuidoras de maquillaje, perfumes y ropa, estos últimos, se ven perjudicados por el tema de la falsificación de productos.

Las tabacaleras, un rubro expuesto a la piratería y el contrabando

El sector tabacalero es uno de los más afectados, que enfrentan pagos de impuestos o tasas en los países centroamericanos en donde se distribuyen sus productos. Con la piratería, los creadores prefieren llevarse sus invenciones e innovaciones a otras partes del mundo donde existen mejores mecanismo de protección intelectual.

El contrabando de cigarrillos continúa impactando de manera negativa en la industria hondureña del tabaco y ocasiona la pérdida millones de lempiras anuales en el país.

Según la Asociación Nacional de Industriales (Andi), en 2019 Honduras perdió un aproximado de 329.6 millones de lempiras por la evasión fiscal por comercio ilegal de cigarrillos.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) estimó en 2006 que el comercio ilícito global le cuesta a los gobiernos entre 40 y 50 mil millones de dólares anuales en pérdida de ingresos por impuestos.

Por su parte, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), detalla que el comercio ilícito de tabaco da como resultado una pérdida considerable de ingresos por impuestos y aranceles para los gobiernos, y ayuda a financiar el crimen organizado y los grupos terroristas.

“Se ha presentado por este tipo de contrabando en la Unidad de Delitos Tributarios, al menos 10 marcas de cigarrillos ilícitos que ingresan al país como Modern, Silver Elephant, Marshall, Golden Deer, Trident, entre otras; en una ruta que se ha identificado proveniente en la mayor parte de los casos, desde China hacia México, de México a Belice, Belice a Guatemala y El Salvador, y luego a Honduras; se han detectado casos de Honduras a Nicaragua”, aseguró el abogado Melvin Duarte, Director de Comunicación Institucional  del Poder Judicial de Honduras.

Un informe realizado por Frontier Economics, una de las mayores consultoras de Europa, estima que se han perdido entre 2 y 2.6 millones de empleos en todo el mundo debido a la falsificación y la piratería de una amplia gama de productos de consumo, incluidos los productos de lujo de marca y la industria del tabaco,  de acuerdo a un informe publicado en Stop Illegal.

La industria farmacéutica, otro rubro con pérdidas millonarias por el contrabando

Según la Alianza Transnacional para Combatir el Comercio Ilícito (TRACIT) para la industria farmacéutica, el comercio ilícito de medicamentos falsificados da como resultado pérdidas de ventas e ingresos, responsabilidad y daños a la reputación, y costos asociados con la necesidad de aumentar la seguridad y adoptar nuevas formas de rastrear y rastrear sus productos legítimos.

La OMS estipula que la proporción de medicamentos falsificados en el mercado varía de menos del 1 por ciento de las ventas totales en los países desarrollados a más del 10 por ciento de las ventas totales en los países en desarrollo.

"El comercio ilícito afecta a los negocios locales porque es una competencia desleal, cualquier producto que circule y no esté regulado representa un riesgo para los comercios, pero sobre todo un riesgo para la población que los compra", indicó Gustavo Solórzano.

En Honduras, estos productos de contrabando se venden en puestos callejeros, pulperías y mediante vendedores ambulantes, en donde se han identificado más de 20 productos farmacéuticos de marcas no reconocidas legalmente o falsificadas, en su mayoría de origen chino o indio.

En el ámbito legal, los fabricantes, proveedores, mayoristas, distribuidores y minoristas se ven afectados por el comercio ilícito. Los fabricantes sufren considerables pérdidas financieras y daños a largo plazo en sus marcas, que han invertido tiempo y dinero para su elaboración.

Las penas estipuladas en el Código Penal al tráfico ilegal y el contrabando de mercancías

De acorde a las declaraciones de Melvin duarte, en el Código Penal hondureño se estipulan ciertas sanciones que son aplicadas a los contrabandistas de influencias y personas que se dedican a la piratería, como también a quienes distribuyen estas mercancías en el país.

“En el delito de contrabando hay varios tipos de penas que dependen del monto, según especificado en el Código Penal. Las penas pueden ir en ascenso dependiendo de los montos que se presenten y el perjuicio que puede ocasionar al Estado, puede ir de 3 a 6 años, de 3 a 9 años o de 3 a 10 años, según los montos que son calculados por la dirección técnica correspondiente”, detalló Duarte.

Las personas que se dedican al comercio ilegal, de forma inescrupulosa evaden los procesos legales para vender sus productos a menos precio y afectando la salud de los consumidores porque no están sujetos a normas de calidad ni supervisiones o regulaciones sanitarias.

“Es importante que el país cuente con una Unidad Anticotrabando para combatir el comercio ilícito y la competencia desleal, ya que entre 6 y 4 productos que se consumen en distintos sectores son productos contrabandeados, afectando al consumidor e impactando en las empresas”, afirmó Solórzano, por su parte.

El contrabando y la piratería  se han convertido en una competencia desleal con los comerciantes y empresarios establecidos legalmente en Honduras, quienes además de pagar correctamente sus impuestos al Estado, son generadores de miles de empleos en el país.