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El expresidente del Colegio Hondureño de Economistas (CHE), Julio Raudales, dijo este miércoles que el anuncio de revisión de exoneraciones no es tema nuevo y que es un mecanismo de los gobiernos cuando "quieren amenazar a la empresa privada".
"Esto se viene dando desde hace bastante tiempo, este anuncio de que se van a revisar las exoneraciones (es) recurrente de todos los gobiernos cuando pareciera que se sienten amenazados o quieren amenazar al sector privado", indicó Raudales en Diario Matutino de radio HRN.
Al mismo tiempo, Raudales recordó que en 2011, durante el gobierno del expresidente Porfirio Lobo Sosa, se creó una comisión para revisar los beneficios fiscales y "no quedó en nada".
Lo mismo hizo el gobierno del expresidente (extraditado) Juan Orlando Hernández, que publicaba informes del impacto fiscal de las exoneraciones en Honduras y que organismos internacionales pedían revisarlos, dijo Julio Raudales.
"Es un tema bastante gastado", indicó Raudales, pero consideró la importancia de que se revisen de forma racional los privilegios fiscales sin que afecten las posibilidades de inversión en el país.
De esa manera, se debe crear un instrumento legal que sea riguroso y que defina quiénes tienen derecho a exoneraciones de forma temporal, y que se elimine la discrecionalidad de los beneficiados, consideró Raudales.
Además, se debe tener un plan de contingencia fiscal sobre qué hacer con los recursos porque actualmente hay escuelas abandonadas y demandas de diferentes sectores por falta de equidad, sostuvo el economista Julio Raudales.
Eliminación de exoneraciones
El gobierno hondureño publicó el lunes tres informes del Fondo Monetario Internacional (FMI) en los que recomienda la revisión y eliminación progresiva de las exoneraciones fiscales.
La publicación mereció respuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), respecto a que deben revisarse las exoneraciones y mantenerlas a aquellos sectores que generen inversión, empleo y desarrollo para el país.
La iniciativa privada de Honduras es del criterio que se deben eliminar las exoneraciones a las empresas que no hacen uso debido del beneficio otorgado por el Estado.
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