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La diputada del Partido Liberal, Saraí Espinal, presentó en el Congreso Nacional una iniciativa para modificar el Código Penal y reducir la edad de responsabilidad penal de 18 a 16 años en casos de delitos graves.
La propuesta reabre la discusión sobre cómo debe responder el Estado ante la participación de adolescentes en hechos criminales.
En Honduras, la edad punible determina el momento en que un individuo puede ser sometido a juicio bajo el sistema penal ordinario. Los que tienen 18 años o más se enfrentan hoy en día a procesos como adultos, mientras que los menores son tratados por un sistema especializado de justicia juvenil.
En términos prácticos, esta edad es la que determina cuándo el sistema judicial considera que una persona tiene la capacidad de entender la ilegalidad de sus acciones y aceptar las consecuencias penales.
¿Qué dice la ley sobre sanciones a menores de edad en Honduras?
El contexto jurídico de este tema en Honduras está definido por las siguientes leyes:
- Código Penal de Honduras, artículo 23: establece que los menores de 12 años son inimputables. Indica que los menores entre 12 y 18 años están sujetos a una ley especial.
- Código de la Niñez y la Adolescencia: define que "niño" es toda persona menor de 18 años y establece el sistema de garantías para los menores en conflicto con la ley.
- Ley de Justicia Penal Juvenil: regula el proceso judicial especializado. El artículo 121 detalla las sanciones, que van desde amonestaciones hasta el internamiento en centros especializados (máximo 8 años).
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¿Qué cambios plantea la iniciativa?
El proyecto busca que adolescentes de 16 y 17 años puedan ser procesados conforme al Código Penal cuando estén vinculados a delitos como homicidio, asesinato, violación, secuestro, extorsión, tráfico de drogas, portación ilegal de armas o hechos relacionados con estructuras criminales.
Espinal justificó la propuesta al señalar que grupos delictivos estarían utilizando a menores para evadir sanciones más severas. “Las leyes en nuestro país le están quedando a deber a la sociedad”, afirmó al presentar la iniciativa.
También mencionó cifras del Observatorio de la Violencia de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras que ubican a la mayoría de menores infractores en el rango de 15 a 17 años.
La diputada sostuvo que buscará el respaldo de al menos 86 congresistas, requisito necesario para reformar el Código Penal.
Además, la iniciativa incluye la creación de un registro nacional de agresores sexuales y la posibilidad de aplicar castración química a condenados por delitos sexuales, previa resolución judicial. “Estos casos no deben quedar en la impunidad”, expresó.
Posturas a favor y en contra
Organizaciones como la Red de Instituciones Privadas Pro las Niñas, Niños, Adolescentes, Jóvenes y sus Derechos (Coiproden) manifestaron preocupación por la reducción de la edad penal. En un pronunciamiento público advirtieron que la medida podría vulnerar derechos de la niñez y no atacar las causas estructurales de la violencia.
Actualmente, el sistema de justicia juvenil hondureño contempla medidas con enfoque socioeducativo para adolescentes entre 12 y 18 años. Según expertos en derechos de infancia, este modelo reconoce que los jóvenes se encuentran en proceso de desarrollo y prioriza la rehabilitación sobre el castigo.
El debate ahora gira en torno a si endurecer las sanciones contribuirá a disminuir la criminalidad o si implicará un cambio en el enfoque de protección a la niñez establecido en la legislación vigente.
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