La titular de Educación, Arely Argueta, anunció que en los próximos días la Secretaría de Educación presentará un informe público sobre el proceso de reorganización institucional que ha derivado en el despido de personal administrativo y de apoyo, situación que ha provocado protestas en varios centros educativos de la capital.
Las declaraciones fueron brindadas durante una entrevista en el programa La Tarde, de HRN y TSi, donde la funcionaria defendió las medidas adoptadas por la institución y aseguró que responden a un proceso de ordenamiento interno.
"Estamos queriendo ordenar la casa"
Al referirse a las manifestaciones registradas en distintos institutos y escuelas, Argueta afirmó que la Secretaría busca corregir irregularidades heredadas de administraciones anteriores.
"Este día sí tuvimos algunos centros educativos tomados, pero es que nosotros estamos queriendo ordenar la casa. Lo estamos haciendo porque tenemos algunos desórdenes dentro de algunos centros educativos", manifestó.
Según la funcionaria, la revisión del personal contratado ha permitido identificar casos en los que existía una cantidad de empleados que, a criterio de la institución, no corresponde a las necesidades reales de algunos centros escolares.
Señala exceso de personal supernumerario
Durante la entrevista, la ministra aseguró que la Secretaría de Educación recibió una estructura con un elevado número de empleados supernumerarios, lo que representa una carga económica para el Estado.
Indicó que existen casos de centros educativos con varios vigilantes, asesores y otro tipo de personal administrativo que, según el análisis realizado por la institución, supera los requerimientos de cada establecimiento.
Argueta explicó que el número de empleados asignados debe responder a factores como la matrícula estudiantil y la capacidad financiera del Estado para sostener dichas plazas.
Médicos y odontólogos también fueron revisados
La titular de Educación también reveló que durante la reorganización detectaron plazas ocupadas por médicos, odontólogos e incluso especialistas que, según afirmó, no contaban con las condiciones necesarias para desarrollar sus funciones.
Explicó que en algunos centros educativos no existía el equipo médico indispensable para que estos profesionales prestaran servicios, por lo que la Secretaría consideró necesario revisar esos nombramientos.
Asimismo, señaló que el caso de los psicólogos continúa bajo análisis para determinar la forma en que serán incorporados dentro de la estrategia educativa.
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Nombramientos de finales de 2025 están bajo la lupa
Arely Argueta aseguró que la mayoría de las personas desvinculadas obtuvieron sus acuerdos de nombramiento durante los últimos meses de 2025 y principios de 2026.
Según la funcionaria, esos nombramientos despertaron preocupación dentro de la institución debido al incremento considerable del personal incorporado en ese período.
No obstante, reconoció que existen personas que afirman tener entre 20 y 30 años de servicio, por lo que las invitó a presentarse ante la Secretaría de Educación o las direcciones departamentales para revisar individualmente cada caso.
Afirma que se pagan las prestaciones laborales
La ministra sostuvo que las desvinculaciones se realizan conforme a la ley y que el personal separado de sus cargos está recibiendo el pago de sus prestaciones laborales.
Además, indicó que la Secretaría mantiene abiertas las puertas para atender a quienes consideren que sus derechos han sido afectados durante el proceso de reorganización.
Promete un informe público
Ante las dudas surgidas por los despidos y las protestas en distintos centros educativos, Argueta anunció que la Secretaría prepara un informe que será divulgado próximamente.
La funcionaria aseguró que ese documento detallará las irregularidades detectadas, la cantidad de personal contratado y los criterios utilizados para ejecutar la reestructuración administrativa.
"Esperamos que en los días venideros podamos dar un informe. Si así lo quieren, lo vamos a estar dando; no hay ningún problema", expresó.
Mientras tanto, las protestas continúan en algunos centros educativos de Tegucigalpa, donde estudiantes, padres de familia y docentes exigen explicaciones sobre los despidos y el impacto que estas medidas tienen en el funcionamiento de las escuelas e institutos.
