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La sentencia contra Francisco Roberto Cosenza Centeno volvió a quedar suspendida en la Corte del Distrito Sur de Florida.
La audiencia prevista para el 5 de mayo de 2022, se reprogramó y la jueza Jacqueline Becerra fijó ahora la misma para el 22 de mayo de 2026 a las 2:00 de la tarde.
La diligencia estaba prevista inicialmente para mediados de mayo, pero se aplazó debido a conflictos de agenda dentro del tribunal federal.
Sin embargo, el movimiento judicial no llegó solo. Mientras la sentencia vuelve a moverse en el calendario de la Corte, fiscales estadounidenses presentaron una moción de decomiso preliminar de bienes contra el exfuncionario hondureño, ampliando así la presión judicial alrededor del caso.
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Francisco Cosenza y la reprogramación de la audiencia
La orden emitida por la jueza Becerra establece que cualquier moción presentada por el Gobierno estadounidense deberá entregarse al menos 48 horas antes de la nueva audiencia.
Además, las partes tendrán nuevos plazos para presentar objeciones y respuestas relacionadas con el informe previo a la sentencia.
Uno de los puntos que más sobresale dentro del documento judicial es la advertencia hecha por la Corte al exfuncionario hondureño.
Refiere que deberá estar preparado para entregarse inmediatamente si el tribunal le impone una pena de prisión al concluir la audiencia.
La nueva reprogramación prolonga un proceso que mantiene bajo observación a uno de los exdirectivos ligados al manejo de fondos de seguridad más polémicos de Honduras.
El expediente también se mueve contra Marchena
Dentro del mismo caso, la Corte emitió además una orden relacionada con Aldo Néstor Marchena, otro de los señalados en el expediente federal.
La jueza solicitó a la Oficina Federal de Prisiones información sobre el tiempo que Marchena ha permanecido bajo custodia y el crédito penitenciario que podría aplicarse dentro de su condena.
El tribunal pidió detalles sobre la fecha exacta en que fue detenido y cuánto tiempo ha permanecido encarcelado.
Mientras la defensa, la Fiscalía y la Oficina de Libertad Condicional deberán presentar respuestas antes del 20 de mayo.
El movimiento refleja que el caso avanza en distintos frentes mientras las autoridades estadounidenses afinan aspectos procesales antes de emitir resoluciones definitivas.
Los antecedentes del caso
El nombre de Francisco Roberto Cosenza Centeno comenzó a aparecer en expedientes judiciales estadounidenses por acusaciones relacionadas con corrupción, sobornos y lavado de activos ligados al manejo de contratos financiados con recursos de la Tasa de Seguridad Poblacional.
Según fiscales de Estados Unidos, entre 2015 y 2019 se construyó un esquema para beneficiar a empresas proveedoras de uniformes y equipo policial.
Esto se habría generado mediante contratos millonarios financiados con fondos del Tasón de Seguridad.
Las investigaciones sostienen que empresarios y funcionarios coordinaron pagos ilegales para asegurar adjudicaciones superiores a los 10 millones de dólares.
Mientras parte del dinero se movería a través de empresas fachada y cuentas bancarias en Belice y Estados Unidos.
Dentro de ese esquema, la Fiscalía señaló que Cosenza habría recibió alrededor de 188 mil dólares en sobornos.
El hondureño Juan Ramón Molina Rodríguez, también está acusado en este proceso de la Corte del Distrito Sur de Florida.
Ambos enfrentan acusaciones por conspiración para cometer lavado de activos y transacciones con recursos presuntamente provenientes de actividades ilícitas.
La audiencia del 22 de mayo podría convertirse en uno de los capítulos más importantes del proceso judicial que persigue a Cosenza en Estados Unidos.
Mientras fiscales avanzan no solo hacia una sentencia, sino también hacia el decomiso de bienes ligados al caso.
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