La noche del 24 de diciembre de 2024, el Bajo Aguán, ubicado en la zona Atlántica de Honduras, en el departamento de Colón, vivió otra jornada de violencia. Hombres armados irrumpieron en las tierras de la Cooperativa Camarones, forzando a 150 familias a huir.

Apenas unos días después, el 2 de enero de 2025, Arnulfo Díaz, miembro de la Cooperativa Brisas del Aguán, fue asesinado a sangre fría.

Estos hechos, lejos de ser aislados, forman parte de una escalada de violencia que, según denuncias de cooperativas campesinas, es orquestada por grupos criminales protegidos por la impunidad.

Una historia de tierras robadas y sangre derramada

El Bajo Aguán es una región marcada por una lucha agraria que se remonta a los años 70, cuando tierras fueron destinadas a cooperativas campesinas.

Sin embargo, el sueño de reforma agraria se desvaneció rápidamente con el auge de la palma aceitera. La agroindustria despojó a los campesinos y sembró la semilla de una guerra que hoy sigue dejando muertos y desplazados.

En el centro de esta disputa está la Cooperativa Camarones, cuyas tierras recuperadas se convirtieron en un blanco para grupos armados.

La noche del 24 de diciembre, estos grupos perpetraron un ataque que obligó a 150 familias a abandonar 656 hectáreas de tierras recuperadas. “Nos sacaron a la fuerza. Fue una noche de terror”, relata uno de los desplazados.

El asesinato de Arnulfo Díaz

Menos de diez días después del ataque a Camarones, Arnulfo Díaz fue asesinado. Cuatro hombres armados en motocicleta interceptaron el vehículo en el que viajaba. Lo bajaron a la fuerza y lo ejecutaron a pocos metros de la carretera.

La Plataforma Agraria del Aguán y la Coordinadora de Organizaciones Populares del Aguán (COPA) denunciaron el hecho como parte de una estrategia de terror.

Díaz no era el primer objetivo. En octubre de 2024, Selvin Noe García, otro miembro de Brisas del Aguán, fue asesinado.

Las cooperativas documentan las amenazas constantes por parte de grupos armados que buscan despojar las tierras recuperadas.

El poder de Los Cachos y la impunidad

Las cooperativas campesinas señalan directamente a un grupo criminal conocido como Los Cachos, que opera en la comunidad Quebrada de Arena, a sólo 15 km de Tocoa.

Testimonios indican que este grupo está detrás de los desalojos violentos. Las cooperativas El Chile y Tranvío también sufren agresiones similares.

A pesar de los señalamientos y denuncias formales, Los Cachos continúan operando sin consecuencias legales, aseguran.

Denuncias ignoradas y un convenio sin cumplir

Desde enero de 2023, la Plataforma Agraria presentó cinco querellas ante el Ministerio Público por amenazas, desplazamiento y robo.

Sin embargo, hasta la fecha, no se ha logrado ningún avance significativo. La situación es agravada por la falta de acción estatal, a pesar de la firma de un convenio en febrero de 2022 entre el movimiento campesino y el gobierno de Xiomara Castro.

Este acuerdo establecía medidas para garantizar el respeto de las tierras en manos de cooperativas campesinas.

“Han pasado casi tres años y los ataques continúan. El gobierno no cumplió con su palabra”, declaró un representante de la Plataforma Agraria durante una toma pacífica de la carretera CA-13 el pasado 4 de enero.

El clamor por justicia y desarme

Las cooperativas campesinas del Bajo Aguán exigen el desarme inmediato de los grupos criminales. Afirman que sólo así podrá cesar el derramamiento de sangre y el desplazamiento forzado.

“No pedimos caridad, exigimos justicia y que el Estado cumpla su rol de proteger a las comunidades campesinas”, concluyó uno de los líderes de COPA.

El Bajo Aguán se convirtió en el escenario de una batalla por la tierra que sigue cobrado vidas. Las voces campesinas claman por justicia, pero hasta ahora, sus gritos parecen perderse en el eco de la impunidad.

La historia de Arnulfo Díaz y las familias desplazadas de Camarones es sólo un capítulo más de una lucha que, si no encuentra respuestas estatales, seguirá dejando huellas imborrables de dolor en la región.