El cerrojo será más difícil de abrir. Máxima seguridad, aislamiento, visitas restringidas y comunicaciones vigiladas forman parte del nuevo régimen para personas vinculadas a estructuras declaradas terroristas que enfrentarán sus procesos ante los tribunales de Honduras.
Pero detrás de los barrotes comienza otra batalla, menos visible y posiblemente más compleja: conseguir que cada captura la respalde una investigación capaz de resistir en los tribunales.
Ese es uno de los puntos que emerge tras las reformas que se impulsan para endurecer la respuesta del Estado frente a estructuras criminales.
Porque detener a una persona, enviarla a máxima seguridad y limitar sus comunicaciones no sustituye la obligación de demostrar individualmente su responsabilidad en los delitos que se le atribuyan.
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Tribunales y el expediente que comienza donde termina el operativo
Las reformas modifican las herramientas disponibles para perseguir a integrantes de organizaciones declaradas terroristas.
Entre los cambios está la imposibilidad de acceder a medidas sustitutivas para personas procesadas bajo estos supuestos.
Además la aplicación de la figura de flagrancia en casos relacionados con estas organizaciones, incluso cuando el detenido no esté ejecutando una acción delictiva en ese momento.
Eso puede llevar a que una persona permanezca en prisión preventiva mientras avanza la investigación y posteriormente su proceso judicial.
Y precisamente allí aparece el siguiente desafío, la representante de sociedad civil María Angélica Mía advirtió que modificar las leyes o endurecer las condiciones de reclusión no garantiza, por sí mismo, una reducción de los delitos.
Para Mía, la respuesta también necesita "capacidad de investigación y judicialización, además de suficientes juzgados, jueces y procesos que permitan determinar responsabilidades".
El problema deja entonces de concentrarse únicamente en cómo capturar y pasa a otra pregunta práctica: con qué evidencia llegará cada caso ante los tribunales.
Máxima seguridad antes de una sentencia
El endurecimiento comienza desde que el sospechoso entra al sistema penitenciario y el Congreso Nacional estableció que las personas capturadas como integrantes de grupos declarados terroristas las envíen a áreas de aislamiento en cárceles de máxima seguridad, incluso cuando todavía no fueran juzgadas.
Se aprobó limitar severamente su contacto con el exterior y las llamadas telefónicas serán supervisadas y podrán realizarse únicamente una vez al mes a números previamente autorizados.
Las visitas familiares serán excepcionales y requerirán autorización; tampoco habrá visitas conyugales. El tiempo de sol y patio tendrá un máximo de una hora semanal.
El objetivo expuesto por las autoridades es cortar la posibilidad de que integrantes de estructuras criminales continúen transmitiendo órdenes desde prisión.
La exfiscal Nidia Ramos considera que aplicar condiciones de máxima seguridad puede contribuir precisamente al control dentro de los centros penitenciarios.
Sin embargo, también señaló "la necesidad de identificar las distintas estructuras que operan en Honduras y determinar cuáles quedarán sometidas a esas disposiciones".
Jueces para una nueva carga de casos
La estrategia tampoco termina dentro de las cárceles y el Poder Judicial prepara un circuito especializado para conocer los procesos relacionados con terrorismo.
El esquema contempla jueces en Tegucigalpa y San Pedro Sula, además de tribunales de apelaciones especializados.
La creación de esa estructura anticipa una pieza fundamental de la nueva política: los operativos tendrán que producir casos judiciales.
Una captura puede ejecutarse durante una intervención policial. Una acusación, en cambio, deberá sostenerse con elementos capaces de vincular individualmente al procesado con los hechos atribuidos.
Ahí entrarán en juego fiscales, investigadores, peritos, jueces y la calidad de la evidencia recopilada.
El debido proceso también entra a la discusión
El endurecimiento de las condiciones penitenciarias abrió además otro frente, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh) advirtió que las medidas deben aplicarse respetando las garantías.
Ricardo López, delegado adjunto del organismo, sostuvo que aumentar penas o endurecer las condiciones de reclusión no garantiza por sí mismo una disminución de los delitos.
El señalamiento adquiere especial relevancia porque algunas de las personas sometidas al régimen de máxima seguridad permanecerán allí mientras todavía enfrentan un proceso y no existe una sentencia condenatoria en su contra.
La seguridad, por tanto, tendrá que convivir con otra exigencia: que cada expediente respete el derecho de defensa y el debido proceso.
La clave está en los Juzgados
Las reformas entregan al Estado herramientas más severas para intervenir contra organizaciones criminales.
Ahora comienza la prueba que no se libra entre retenes ni detrás de los muros de máxima seguridad.
Será en los tribunales, cuando fiscales tengan que presentar evidencia, las defensas puedan controvertirla y los jueces deban determinar responsabilidades.
Porque el Estado puede cerrar con más fuerza la puerta de una celda. Lo que todavía tendrá que demostrar, caso por caso, es por qué cada persona debe permanecer detrás de ella.
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