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Durante años, el nombre de Jairo Giovanni López Méndez se movió dentro de los pasillos de la Policía Nacional con el peso de un oficial que conocía el sistema desde adentro.
Era comisario, manejó poder y tuvo influencia en estructuras policiales en distintas regiones del país.
Pero con el tiempo, su historia se alejó de los expedientes disciplinarios y se acercó peligrosamente a los archivos del crimen organizado.
Su caída comenzó a tomar forma en octubre de 2008, cuando las autoridades hondureñas lo señalaron como supuesto autor intelectual de un asalto contra una agencia del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa) en Gracias, Lempira.
Según las investigaciones, el grupo pretendía llevarse más de 7 millones de lempiras.
La acusación provocó un terremoto interno dentro de la Policía. El caso no solo expuso el supuesto involucramiento de un alto oficial en un robo bancario, sino también las grietas dentro de la propia institución encargada de perseguir delitos.
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Jairo López Méndez cruzó retenes y desapareció
Las investigaciones del Ministerio Público revelaron un detalle que aumentó aún más las sospechas: a Jairo López Méndez lo detuvieron en al menos tres retenes policiales después del asalto, pero nunca lo capturaron formalmente.
El Ministerio Público abrió investigaciones para determinar por qué el entonces subcomisario logró escapar pese a que ya existían alertas sobre su presunta participación en el robo.
Incluso se solicitó investigar posibles actos irregulares dentro de unidades policiales que habrían facilitado su fuga.
Mientras la presión aumentó, la Policía ofreció una recompensa de 50 mil lempiras por información que permitiera ubicarlo.
Para ese momento, dentro de la misma institución comenzaron a referirse a él como un “delincuente infiltrado”.
La historia de López Méndez dejó de parecer la de un simple oficial acusado y se convirtió en el símbolo de una época marcada por policías señalados por colaborar con redes criminales.
Las sospechas de vínculos con estructuras criminales
Con el paso de los meses, el nombre del excomisario volvió a aparecer en informes y versiones policiales.
En 2011 trascendió que lo capturaron en Estados Unidos. Reportes de la época señalaron que, además del asalto a Banadesa, existían sospechas sobre presuntos nexos con estructuras criminales.
Esos criminales operaron en Centroamérica, incluyendo menciones de supuestas conexiones con “Los Zetas”.
Aunque muchas de esas versiones circularon entre filtraciones policiales y reportes preliminares, el caso fortaleció la percepción de que sectores de la Policía hondureña los penetraron las redes criminales durante esos años.
El uniforme que terminó bajo sospecha
La figura de López Méndez resume una herida profunda que arrastró la Policía Nacional durante años: la infiltración criminal dentro de sus propias filas.
Su nombre pasó de aparecer en estructuras policiales a expedientes judiciales. De dirigir operaciones a convertirse en prófugo. De perseguir delincuentes a ser señalado como uno de ellos.
La noticia de su captura en Estados Unidos, en el año 2011, quedó solo en los titulares porque nunca se abrió un proceso formal de extradición.
Y aunque el tiempo pasó desde aquellos escándalos, tras 18 años, el caso todavía sobrevive como recordatorio de una pregunta incómoda que Honduras busca responder:
¿Cuántos hombres armados por el Estado terminaron trabajando para el crimen desde adentro?
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