En Honduras, la libertad de expresión se volvió una tarea de alto riesgo. Lo saben quienes con una libreta o un micrófono en mano recorren hospitales, cubren protestas o hacen preguntas incómodas.
El periodista ya no es solo un testigo: se convirtió en blanco. Lo ocurrido el pasado viernes con la reportera Daniela Pacheco, de HRN, es una muestra clara de cómo el poder, o quienes lo encarnan, deciden reaccionar ante la prensa.
Mientras cubría un incidente entre pacientes en la farmacia del Hospital Escuela, la confrontaron y amenazaron integrantes de los colectivos del partido Libre, quienes no solo la intimidaron, sino que la obligaron a borrar el video que acababa de grabar.
“Lo que hacen estos grupos no es solo un irrespeto, es un delito, es coacción”, dijo el abogado Saúl Bueso, representante de C-Libre, en una entrevista con HRN.
“Se está violentando el derecho a informar, y eso no puede normalizarse”.
Libertad de expresión en juego
No se trata de un caso aislado. En San Pedro Sula, el periodista Jesús Rivera denunció que el hospital Mario Catarino Rivas impone restricciones a la prensa.
Los comunicadores no pueden entrevistar a pacientes ni ingresar a áreas médicas. “A veces el único acceso que se permite es hasta la puerta principal”, aseguró Bueso. “Y eso no es libertad de expresión, eso es simulación”.
En Choluteca, periodistas enfrentan situaciones similares. Y aunque las autoridades niegan las restricciones, la realidad que viven los reporteros es otra: censura, amenazas y limitación del derecho a informar sobre carencias, como la falta de medicinas o el abandono institucional.
La libertad de expresión, que usan a menudo quienes están en el poder, parece tener cada vez menos peso en la práctica.
Intolerancia desde los altos cargos
La tensión no solo se vive en los centros hospitalarios. También se manifiesta en conferencias de prensa y en la respuesta de altos funcionarios del gobierno.
El ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, reaccionó de forma airada ante preguntas del periodista Carlos Hernández, quien lo confrontó con datos que contrastaban con el discurso oficial sobre criminalidad.
La ministra de Salud, Karla Paredes, también arremetió contra el cardenal Óscar Andrés Rodríguez por sus críticas en una homilía dominical.
En lugar de responder con autocrítica, lo acusó de no terminar la construcción de un hospital católico.
Violaciones a la libertad de expresión: Las cifras que hablan
C-Libre documenta 50 alertas por violaciones a la libertad de expresión en lo que va de 2025.
A estas se suman 102 en 2024 y 112 en 2023. Las agresiones van desde amenazas, restricciones de acceso y hostigamiento hasta asesinatos.
“Lastimosamente, en Honduras seguimos sin un Ministerio Público que actúe con independencia. Hay un daltonismo institucional: no se ve lo que no se quiere ver”, lamenta Bueso.
En su monitoreo, C-Libre detecta que las restricciones son más recurrentes en temas vinculados a salud y seguridad.
“El periodista lo que hace es tomar un hecho que si es hecho noticioso entonces lo publica para que la sociedad esté informada", dijo Bueso.
Pero arguyó que, en contraste, preocupa, "porque si en un hospital no hay algodones, no hay pastillas para curar el dolor, pero en el Congreso hay millones y millones para que hagan danza los diputados…”.
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La muerte como censura final
Aunque en este gobierno se registra una ligera disminución en los asesinatos de periodistas, la situación sigue siendo alarmante.
“En 2010, murieron al menos doce periodistas; este año van cuatro. Menos que antes, pero no deja de ser inaceptable”, advierte Bueso.
El problema, reitera, es estructural. “El periodista es criminalizado, judicializado, amenazado. Y cuando todo se desborda, termina asesinado”.
Para Bueso, no hay ambigüedad posible: “La libertad de expresión no es un favor del Estado, es un derecho del pueblo”, señala.
Y nos refiere al artículo 72 de la Constitución, el artículo 13 de la Convención Americana y el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Esos artículos son claros al respecto: toda persona tiene derecho a buscar, recibir y difundir información.
“El periodista no se impone, informa. Y la sociedad debe entender que tiene derecho a ser informada”, subrayó.
Honduras no está en guerra, pero para muchos periodistas pareciera que lo está. Cada cobertura es un riesgo.
Cada pregunta incómoda, un posible castigo. La libertad de expresión está en jaque, y con ella, la democracia.
“Seguimos insistiendo, trabajando con el Mecanismo de Protección, aunque tenga fallas. Lo empujamos para que funcione, porque no hay otra opción. Lo que está en juego no es solo el trabajo del periodista. Es el derecho de la sociedad a saber”, concluyó Bueso.
