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La lucha contra el crimen organizado en Honduras ya no solo ocurre en calles, colonias o rutas utilizadas para mover droga. Ahora también se libra en los márgenes virtuales.
El sistema nacional de emergencias 911 confirmó que estructuras criminales lograron dañar parte de la red de videovigilancia instalada en Honduras, afectando cámaras en más de 60 municipios y debilitando temporalmente la capacidad de monitoreo en distintas zonas.
“Encontramos bastantes cámaras dañadas, vandalismo, especialmente cortaban la conectividad y la parte eléctrica”, reveló Lester Carías, subdirector del sistema de vigilancia 911.
Las declaraciones reflejan una modalidad que preocupa a especialistas en seguridad: organizaciones criminales que no solo buscan controlar territorios, sino también dejar sin ojos tecnológicos a las autoridades.
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El 911, un sistema golpeado y recuperado
Carías detalló que al asumir la administración encontraron cerca del 60 % de las cámaras fuera de servicio.
Según explicó, el deterioro incluía daños en equipos, sabotajes y afectaciones a la infraestructura eléctrica y de conectividad.
Sin embargo, aseguró que el sistema ha rehabilitó progresivamente y que actualmente 6,900 de las 7,100 cámaras instaladas en el país operan.
El funcionario sostuvo que el 911 mantiene cobertura activa en 122 municipios y trabaja en coordinación permanente con los diferentes entes de seguridad del Estado.
Aun así, detrás de la recuperación del sistema persiste una preocupación silenciosa: la facilidad con la que estructuras criminales lograron vulnerar parte de una de las principales herramientas tecnológicas de vigilancia del país.
La guerra contra las cámaras
Para expertos en seguridad y defensores de derechos humanos, el sabotaje a las cámaras no representa un hecho aislado ni simple vandalismo.
Consideran que el crimen organizado entiende el impacto que tiene la videovigilancia en investigaciones criminales.
También como impacta en el rastreo de vehículos, identificación de sospechosos y monitoreo de actividades ilícitas.
Apagar cámaras, cortar energía o destruir conectividad significa abrir espacios de impunidad.
“El 911 es una buena herramienta para la Secretaría de Seguridad, da seguimiento y detecta dónde y quiénes son las personas que delinquen en el país”, manifestó Hugo Maldonado, presidente del Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh).
Las cámaras del sistema se utilizaron durante años para documentar asaltos, extorsiones, persecuciones, homicidios y movimientos vinculados a estructuras criminales.
Por eso, especialistas consideran que los ataques contra la red reflejan un intento por reducir la capacidad de vigilancia estatal.
Investigaciones y sospechas internas
Uno de los puntos más delicados revelados por el subdirector del 911 es que algunos casos relacionados con daños al sistema y presuntos vínculos de empleados con estructuras criminales se remitieron a los cuerpos de investigación correspondientes.
Aunque no detalló cuántas personas se investigan ni el alcance de las sospechas, la afirmación preocupa.
Pueden darse posibles infiltraciones criminales dentro de áreas sensibles del sistema de seguridad.
Actualmente, el sistema de emergencias 911 opera desde cinco sedes ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, Choluteca, Santa Rosa de Copán y Tela, desde donde se coordinan labores de monitoreo y respuesta.
Un país donde el crimen también pelea por el control de la vigilancia
La ofensiva contra las cámaras deja al descubierto una realidad: las estructuras criminales no solo buscan controlar barrios, rutas o economías ilegales.
También intentan golpear la capacidad del Estado para observarlas y cada cámara dañada representa menos vigilancia.
Aunque miles de dispositivos se rehabilitaron, el sabotaje contra el sistema 911 expone que la disputa contra el crimen organizado también se libra detrás de cables cortados, pantallas apagadas y cámaras que dejaron de grabar justo donde más se necesitan.
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