El crimen organizado dejó de ser únicamente el hombre armado que controla una esquina, la estructura que cobra extorsión o la organización que mueve cargamentos de droga entre países.
Su poder cruza otra frontera: la política. El informe Estado Global de la Democracia 2026, elaborado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (International IDEA), advierte que el carácter cada vez más transnacional del crimen organizado está ampliando su impacto más allá de la seguridad.
La preocupación ya alcanza la política, la economía y las estructuras sociales de las Américas.
Para IDEA, esa expansión constituye uno de los asuntos que deben vigilarse por sus posibles consecuencias sobre la trayectoria democrática de la región.
El documento se presentó el 15 de septiembre de 2026 y analiza principalmente el desempeño democrático entre 2020 y diciembre de 2025, aunque incorpora acontecimientos ocurridos hasta junio de 2026.
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El crimen organizado cruzó las fronteras
La advertencia adquiere otra dimensión cuando el informe desmenuza lo que está ocurriendo en América Latina y el Caribe.
Las organizaciones criminales ampliaron tanto su alcance territorial como sus negocios.
Ya no se limitan al narcotráfico: sus redes participan también en minería ilegal, extorsión y trata de personas.
Con esa expansión también creció una preocupación particularmente sensible para las democracias latinoamericanas: la interferencia de estructuras criminales en procesos políticos y su capacidad para debilitar la gobernanza y el Estado de derecho, señala IDEA.
La discusión, por tanto, dejó de reducirse a cuántos homicidios provoca el crimen organizado o cuántos territorios controla.
Ahora también importa cuánto poder puede acumular fuera de las calles.
International IDEA advirtió este año que la criminalidad organizada se convirtió en un factor estructural que modifica la vida política, económica y social latinoamericana.
La institución señala que estas redes pueden competir con el Estado mediante poder económico y coercitivo.
Honduras aparece dentro de una región bajo presión
El informe no afirma que el crimen organizado controle la política hondureña, y tampoco presenta una medición específica sobre infiltración criminal en instituciones de Honduras.
La advertencia sobre la penetración de las estructuras criminales en ámbitos políticos corresponde a América Latina y el Caribe.
Honduras aparece posteriormente dentro del análisis particular sobre desempeño democrático, criminalidad y Estado de derecho.
IDEA señala que la elevada criminalidad impacta diferentes indicadores democráticos hondureños, aunque reconoce que la tasa de homicidios utilizada por el informe disminuyó de 26.1 por cada 100,000 habitantes en 2024 a 15.3 en 2025.
El país, sin embargo, arrastra problemas en áreas vinculadas directamente con la capacidad de sus instituciones.
En el ranking correspondiente a 2025, Honduras obtuvo 0.437 puntos en Estado de derecho y ocupó la posición 93.
En Derechos quedó todavía más abajo: puesto 106, con una puntuación de 0.423.
IDEA clasifica las puntuaciones entre 0.4 y 0.7 como desempeño medio y aquellas inferiores a 0.4 como desempeño bajo.
La corrupción sigue en terreno bajo
Hay otro dato que conecta directamente con la capacidad del Estado para enfrentar estructuras criminales.
Aunque IDEA registra una mejoría de Honduras en Ausencia de Corrupción, advierte que el punto de partida era bajo y que el país permanece en el rango de bajo desempeño en ese indicador.
El informe también considera una deficiencia importante que no se concretara la instalación de una comisión internacional respaldada por Naciones Unidas para combatir la impunidad durante la administración de Xiomara Castro.
La valoración es atribuida por IDEA a una de las fuentes utilizadas en su análisis y no todo el balance hondureño es negativo.
El estudio registra cinco avances para Honduras y atribuye parte de ellos a las elecciones de 2021.
Además, la transición pacífica de ese año y las condiciones generales de las elecciones de 2025. También identifica progresos recientes en factores relacionados con Derechos y Estado de derecho.
La respuesta al crimen también preocupa
El informe plantea una segunda cara del problema, mientras el crimen organizado amplía su influencia, el miedo y la inseguridad empujan a los gobiernos hacia respuestas cada vez más duras.
IDEA señala que la inseguridad contribuye al respaldo ciudadano a políticas de seguridad más severas, incluso cuando pueden producir costos para derechos individuales.
Entre las respuestas aplicadas en la región menciona la militarización de la seguridad pública y los estados de excepción.
Por eso, la alerta democrática tiene dos frentes: el poder que consiguen acumular las estructuras criminales y la manera en que los Estados responden a ellas.
El crimen organizado puede comenzar controlando una calle, una ruta o un negocio ilícito.
La preocupación surge cuando ese poder económico y coercitivo logra acercarse a las instituciones y los procesos políticos.
También alcanza decisiones que deberían corresponder al Estado y a los ciudadanos.
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