Ramón Sabillón fue el rostro técnico y simbólico de la promesa de refundar la seguridad. Su figura representó el quiebre con el modelo de represión, cifras maquilladas y el manejo politizado del crimen. Pero su salida, abrupta y nunca explicada oficialmente, marcó un antes y un después.
El punto de inflexión, según múltiples fuentes, fue la masacre de 46 mujeres en la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS) de Támara, en junio de 2023.
La tragedia obligó al gobierno a tomar decisiones. La presidenta Xiomara Castro removió a Sabillón y colocó en su lugar a Gustavo Sánchez.
“Si algo debo reconocerle a Sabillón", dice Julissa Villanueva, viceministra de Seguridad, "es que nunca pidió maquillar cifras".
Y agregó: "buscó transparencia. Quería construir una nueva política basada en evidencia. Perdimos mucho con su salida”, comenta.
Estado de excepción como política y no como solución
Tras ese cambio, el estado de excepción se consolidó como la única estrategia de seguridad real, extendiéndose hasta cubrir más del 70 % del territorio hondureño.
Pero lejos de generar resultados estructurales, la medida se volvió rutina. La viceministra Villanueva advierte que el estado de excepción es utilizado para justificar operativos sin objetivos claros.
Una situación que, en su opinión, vulnera derechos y produce detenciones sin sustento legal.
“A los comandantes se les exige cumplir metas mensuales. Si no tienen personal investigativo, igual hacen allanamientos con policías preventivos. Se toma la foto, se reporta la novedad… y eso es todo. Pero eso no es justicia, es simulación”, señala.
Impunidad interna en la Policía Nacional
Para el abogado y analista en seguridad Kenneth Madrid, uno de los errores más graves fue no fortalecer los controles internos dentro de la Policía Nacional.
“Nunca se consolidó la Dirección de Asuntos Disciplinarios (Policiales, Didadpol). No se creó su propio centro de control de confianza. No se aplican pruebas anuales a los 26 mil efectivos. Eso deja un cuerpo policial sin supervisión real".
Además, la Didadpol dejó de actuar de oficio, lo que impide la depuración proactiva. Las manzanas podridas siguen en la institución, y los escándalos por corrupción o abusos no cesan.
“La impunidad interna está viva porque no se ejerció control real. Y eso también es una forma de violencia institucional”, dice Madrid.
Presupuesto para el combate del crimen mal distribuido
La crisis no solo es de resultados, también es de inversión. Expertos coinciden en que el presupuesto destinado al combate del crimen no se distribuyó estratégicamente.
Mientras se fortaleció la policía preventiva, se debilitó el sistema investigativo y el análisis criminal.
“La mayoría de fondos se fueron a la operación, no a la inteligencia. Y eso nos deja sin capacidad de entender ni anticipar la violencia”, señala Nelson Castañeda, director de Seguridad y Justicia de la Asociación por una Sociedad más Justa (ASJ).
Lo mismo advierte Kenneth Madrid, al recalcar que la investigación criminal se abandonó en favor de operativos que llenan estadísticas, pero no resuelven delitos.
La falta de recursos para la judicialización y la prevención hacen que la impunidad florezca, aun cuando los homicidios bajan.
Elecciones generales bajo estado de excepción
El riesgo no es solo estructural, sino también político. Para Nelson Castañeda, la prolongación del estado de excepción en un año electoral es una alerta roja para la democracia.
“Ya hay un recurso de inconstitucionalidad admitido por la Sala de lo Constitucional. Si esta medida no se resuelve, puede derivar en acciones internacionales contra el Estado. Y eso no solo afecta la legitimidad institucional, también le costará millones al país".
Impunidad intacta
Aunque el gobierno celebra que la tasa de homicidios cayó a 26.5 por cada 100 mil habitantes, el 90 % de los casos sigue sin resolverse. Para Castañeda, no se puede hablar de éxito si no hay justicia.
“¿De qué sirve tener menos homicidios si no se condena a nadie? La coordinación entre Policía, Ministerio Público, ATIC y Poder Judicial no existe. Hay un divorcio operativo que impide que los casos lleguen a juicio".
El problema no es de recursos, insiste, sino de gestión: “Falta liderazgo, gerencia institucional y voluntad política. Y eso no se resuelve con operativos.”
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El crimen se muda y la prevención no existe
Uno de los fenómenos más inquietantes es la migración del crimen organizado hacia zonas rurales.
Municipios antes considerados seguros ahora enfrentan extorsión, sicariato y microtráfico.
“Donde antes no se hablaba de extorsión, hoy se vive en silencio. Las estructuras criminales se reacomodan, aprovechan la falta de presencia estatal y controlan a su antojo”, señala Castañeda.
Pese a esto, no hay inversión seria en prevención, ni campañas comunitarias, ni estrategias de contención. La política sigue centralizada en la reacción, no en la anticipación.
A la fecha, Honduras registra más de 16 masacres en lo que va del año. La impunidad sigue siendo la regla.
El miedo no se disipa, solo cambia de lugar. Lo que comenzó con promesas de refundación terminó en un modelo de excepción indefinida, cuotas por capturas, y territorios abandonados.
Sabillón se fue. El crimen se mudó. La excepción se quedó. Y la seguridad prometida no tocó el territorio.
