El estado de excepción marcó una era en la política de seguridad de Honduras. Durante más de tres años, fue la herramienta central del Estado para enfrentar la violencia y las estructuras criminales.

Hoy, con la decisión del nuevo gobierno de abolirlo, el país entra en un momento decisivo: la seguridad exige un giro que vaya más allá de las prórrogas y apueste por una estrategia distinta, sostenida y creíble.

Para el excomisionado general en retiro de la Policía Nacional, Leandro Osorio, el fin del estado de excepción no es solo un cambio administrativo, sino una oportunidad para replantear cómo se combate el delito y cómo se recupera la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerla.

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Después del estado de excepción, una seguridad con prioridades claras

Osorio sostiene que la salida del estado de excepción obliga a redefinir el modelo de seguridad.

En su análisis, "la respuesta del Estado no puede centrarse únicamente en la reacción policial, sino en un enfoque donde la prevención sea el eje principal".

El excomisionado propone una distribución clara de esfuerzos: "80 % en prevención, respaldada por 10 % en disuasión, mediante programas, cámaras y tecnología, y 10 % en reacción operativa, enfocada en allanamientos y capturas bien dirigidas".

Para Osorio, este equilibrio permitiría atender las causas del delito sin renunciar a la acción policial cuando sea necesaria.

Crimen organizado y delito común: estrategias que no deben mezclarse

Uno de los puntos que Osorio considera clave en el escenario posterior al estado de excepción es la necesidad de diferenciar el combate al crimen organizado del abordaje del delito común.

A su juicio, ambos fenómenos requieren respuestas distintas y no pueden seguir tratándose bajo una misma lógica operativa.

Mientras las estructuras criminales demandan inteligencia, tecnología y acciones focalizadas, el delito común -explica- necesita prevención, presencia institucional y políticas públicas que reduzcan la reincidencia.

"Este enfoque diferenciado es parte del giro que debe asumir el nuevo gobierno en materia de seguridad", expone.

El desgaste del estado de excepción y la percepción ciudadana

Osorio reconoce que el estado de excepción fue una herramienta importante en su momento, pero advierte que su prolongación terminó afectando la percepción ciudadana sobre la Policía Nacional.

"Las sucesivas prórrogas generaron un desgaste institucional que ahora deberá atenderse con una estrategia distinta", refiere.

Y agrega: “El gobierno que se va tuvo como bandera de lucha el estado de excepción”, al subrayar que más de tres años de aplicación continua impactaron la imagen policial en la lucha contra las estructuras criminales.

En ese contexto, considera que abolir la medida obliga a buscar alternativas que devuelvan legitimidad y resultados visibles.

Un Congreso clave para el giro en seguridad

Más allá de la estrategia operativa, Osorio pone énfasis en el papel del Congreso Nacional.

"Existen iniciativas de ley que han quedado estancadas y que podrían dotar a la Policía Nacional de mejores herramientas para enfrentar el delito en el escenario posterior al estado de excepción", dice.

“El nuevo Congreso tendrá la oportunidad de dar nuevas herramientas a la Policía Nacional”, afirma, al señalar que sin respaldo legal y sin políticas públicas claras, el giro en seguridad quedará incompleto.

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El giro que exige la seguridad en Honduras

El fin del estado de excepción deja al país frente a una pregunta ineludible: ¿cómo garantizar seguridad sin recurrir de forma prolongada a medidas extraordinarias?.

Para Leandro Osorio, la respuesta pasa por un modelo equilibrado, donde la prevención sea la base.

Además, plantea la tecnología para fortalecer la disuasión y que la reacción policial sea precisa y diferenciada.

La era del estado de excepción queda atrás. El reto ahora es demostrar que la seguridad puede sostenerse con estrategias inteligentes, políticas públicas firmes y decisiones que respondan a una realidad compleja.

El giro que exige la seguridad ya no puede postergarse. El estado de excepción se decretó en diciembre de 2022 como una medida para enfrentar la violencia y el crimen organizado.

Desde entonces, se prorrogó de forma continua y ampliado a la mayoría del territorio nacional.

Aunque el gobierno saliente lo defendió como una herramienta clave, organizaciones de derechos humanos y analistas señalaron los riesgos de su prolongación y la necesidad de una estrategia de seguridad sostenible a largo plazo.

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