La decisión más difícil que puede tomar una familia ya no es únicamente abandonar su casa. En Honduras hay casos en los que la única alternativa para proteger a un niño del reclutamiento forzado consiste en sacarlo de su comunidad y trasladarlo a otro lugar del país, lejos de los grupos criminales que buscan captarlo o amenazan con asesinarlo.
Ese escenario, que hace algunos años parecía excepcional, hoy forma parte de las medidas de protección previstas para niñas, niños y adolescentes que enfrentan graves riesgos por la violencia.
El reclutamiento forzado por grupos criminales dejó de ser una advertencia para convertirse en una de las causas que empujan a menores de edad al desplazamiento interno.
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El reclutamiento forzado cambió el mapa del desplazamiento
Durante años, el desplazamiento interno se asoció principalmente a amenazas, extorsiones o asesinatos.
Sin embargo, el nuevo informe de ACNUR revela que el reclutamiento forzado de niñas, niños y adolescentes ya figura entre las principales razones que obligan a las familias a huir de sus hogares.
El documento señala que la violencia ejercida por grupos criminales, el control territorial, la violencia contra mujeres y niñas, el despojo de viviendas y el reclutamiento forzado forman parte de los factores que expulsan a miles de personas de sus comunidades.
Las cifras muestran la dimensión del problema: el Instituto Nacional de Estadística estima que 423,845 personas fueron desplazadas internamente por la violencia alguna vez en su vida.
Además, casi el 20 % corresponde a niñas, niños y adolescentes. Solo en 2025, el Conadeh identificó 245 menores afectados por situaciones de riesgo o desplazamiento forzado.
Cuando proteger significa desaparecer del barrio
El informe revela una realidad poco conocida: existen casos en los que las instituciones deben gestionar reubicaciones internas para menores que enfrentan amenazas contra su vida.
Entre las acciones descritas se encuentra el apoyo a la ruta de atención para niñas, niños y adolescentes retornados con necesidades de protección.
Esto incluye aquellos que requieren trasladarse a otra zona del país por razones de seguridad.
Además, se respalda el único programa nacional de cuidados alternativos para menores desplazados y sobrevivientes del reclutamiento forzado, desarrollado junto con Casa Alianza.
Aunque estas medidas buscan preservar la vida, también reflejan el nivel de control que las estructuras criminales ejercen en algunos territorios.
En muchas de esas zonas, permanecer puede significar quedar bajo el dominio de una pandilla.
La ley reconoce el problema, pero persisten los desafíos
Desde 2022, la Ley para la Prevención, Atención y Protección de las Personas Desplazadas Internamente reconoce el reclutamiento forzado de menores.
Esta es una causa de desplazamiento y obliga al Estado a brindar respuestas de protección y facilitar su reintegración educativa.
Asimismo, la Ley contra la Trata de Personas incorporó el reclutamiento forzado como una modalidad de trata.
Esto cuando los menores son obligados a realizar actividades en beneficio de grupos criminales.
Sin embargo, el informe advierte que esos avances legales todavía no se traducen plenamente en la práctica.
El Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas pidió a Honduras fortalecer la identificación temprana de menores en riesgo.
Además, pide mejorar la coordinación entre instituciones y reforzar las acciones para prevenir y responder al reclutamiento forzado.
El drama no termina cuando abandonan su vivienda, muchos niños comienzan una nueva vida lejos de su escuela, de amigos y todo lo que conocían.
En la Honduras marcada por la violencia, sobrevivir ya no siempre significa cruzar una frontera: a veces basta con desaparecer del barrio antes de que una pandilla los encuentre.
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