Durante diez años, el fideicomiso de la Tasa de Seguridad Poblacional en Honduras, conocida también como el "Tasón", no solo recibió miles de millones por recaudación propia: también se endeudó. Y lo hizo en silencio.
Según el informe de la Secretaría de Finanzas RC-FIDEICOMISO TSP-N°092-2023-DFEP-SEFIN, el fideicomiso contrajo L9,618.7 millones en líneas de crédito con la banca nacional, lo que representa una de las fuentes de financiamiento más significativas del fondo.
Mediante el Decreto Legislativo 322-2013, publicado en La Gaceta el 31 de enero de 2014, se autorizó al Comité Técnico del fideicomiso del Fondo de Protección y Seguridad Poblacional a adquirir obligaciones crediticias con bancos nacionales e internacionales, ante una “insuficiencia temporal de fondos”.
Con ese permiso legal, se abrió la puerta a uno de los capítulos menos transparentes del fideicomiso: su creciente endeudamiento, sin que exista un registro detallado del destino de esos fondos.
Más de 9,600 millones: endeudamiento oculto del Tasón
Entre 2014 y 2022, el Comité Técnico adquirió préstamos por L9,618.7 millones con siete instituciones del Sistema Financiero Nacional.
Al 31 de julio de 2022, aún se mantenía una deuda de L2,549.6 millones con cinco bancos.
El informe detalla que el fideicomiso recibió ingresos por cuatro fuentes principales: un patrimonio inicial de L 440.9 millones transferidos por la Secretaría de Finanzas (SEFIN).
Además, L 26,136.3 millones recaudados por la Tasa de Seguridad, L 240.9 millones en intereses generados por inversiones y las líneas de crédito por L 9,618.7 millones.
Este endeudamiento representa más del 21 % del total de ingresos líquidos del fideicomiso entre 2012 y 2022.
Y a pesar de ello, no existe evidencia de auditorías financieras que revelen el comportamiento de los pasivos contraídos ni análisis de sostenibilidad fiscal a largo plazo.
Sin transparencia: no se conocen las condiciones de los préstamos
A lo largo de sus 10 años de operación, el fideicomiso firmó convenios de crédito con distintas instituciones bancarias nacionales, pero en ninguna parte del informe se detallan las tasas de interés, los plazos de amortización, las garantías ofrecidas ni el estado actual de la deuda.
La interrogante es: ¿a qué se destinó ese dinero? El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) solicitó al Banco Central de Honduras (BCH) un desglose de los pagos realizados con los fondos de esas líneas de crédito.
El BCH respondió que no tenía registros específicos, ya que todo se manejó desde una “cuenta única de capital”.
Esto permitió que las transferencias se hicieran según instrucciones del Comité Técnico.
Esta omisión alimenta el clima de opacidad que rodea al fideicomiso, porque los recursos no fueron administrados bajo la Ley de Contratación del Estado.
Tampoco se sometieron al control tradicional de la Tesorería General de la República, reveló el informe.
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Deuda pública disfrazada: el legado del Tasón sigue pesando
El informe elaborado por el Departamento de Fiscalización de Ejecución Presupuestaria de la SEFIN revela también que el fideicomiso nunca presentó un balance general completo.
Por tanto, no existe un registro consolidado de activos y pasivos, lo que impide determinar el verdadero impacto del endeudamiento en las finanzas públicas.
Expertos en finanzas públicas señalan que estas operaciones podrían considerarse deuda pública indirecta.
Se disfraza bajo la figura de fideicomisos, lo cual erosiona los principios de sostenibilidad y transparencia fiscal.
Los hondureños enfrentan problemas de inseguridad, impunidad y crisis económica y la Tasa de Seguridad deja un pesado lastre en las finanzas del país.
Y de esa deuda, no se sabe aún cuánto se pagó.
