La lucha contra las estructuras delictivas en Honduras se encamina hacia una nueva etapa, marcada por mayores facultades policiales, reformas penales y controles penitenciarios.
El director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, lanzó una advertencia que anticipa el alcance de las medidas que prepara el Estado.
"Lo que viene es muy fuerte", afirmó el funcionario al referirse a las próximas acciones contra las organizaciones delictivas.
Sus declaraciones llegan mientras las autoridades ejecutan la Operación Escudo Honduras y preparan una segunda fase de la estrategia nacional de seguridad.
El giro no se limita a nuevas capturas, también contempla cambios en la persecución penal, el funcionamiento de las cárceles y las investigaciones.
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Estructuras delictivas: lo que viene después de Operación Escudo Honduras
La primera etapa de Operación Escudo Honduras tiene previsto concluir el 31 de diciembre de 2026, según el calendario divulgado por las autoridades.
A partir de enero de 2027, el Gobierno proyecta iniciar una fase denominada "guerra total contra la criminalidad".
Esta etapa contempla mayores recursos, tecnología, personal especializado y capacidad operativa para enfrentar a las organizaciones delictivas.
Las autoridades también anticipan operaciones focalizadas en barrios, colonias y comunidades donde actúan estructuras vinculadas con extorsión, narcotráfico y otras actividades ilegales.
La estrategia busca perseguir no solamente a quienes ejecutan los delitos, sino también a cabecillas, financistas y colaboradores de estas organizaciones.
Sin embargo, Oseguera Mass todavía detalló qué operaciones específicas ejecutará la Policía ni cuáles serán sus primeros objetivos.
Bajo nuevas reglas penales
El cambio más importante no depende únicamente del despliegue policial, también involucra nuevas herramientas jurídicas para investigar y procesar a presuntos integrantes de organizaciones delictivas.
El Congreso Nacional aprobó el 28 de octubre reformas destinadas a fortalecer el marco penal y procesal contra asociaciones terroristas, maras y pandillas.
Entre las modificaciones figura la ampliación de 24 a 48 horas para presentar el requerimiento fiscal después de determinadas detenciones.
Con este cambio, las autoridades buscan disponer de más tiempo para reunir pruebas y sustentar las acusaciones ante los tribunales.
Las reformas también contemplan allanamientos bajo determinadas condiciones legales, mediante operaciones interinstitucionales coordinadas y sujetas a los controles judiciales correspondientes.
Asimismo, la legislación establece penas más severas para delitos vinculados con organizaciones declaradas terroristas.
Las disposiciones anunciadas incluyen penas de entre 30 y 40 años de prisión por terrorismo, además de sanciones mayores para determinados cabecillas.
Para responsables de reclutar menores y otros supuestos previstos en la legislación, las autoridades anunciaron la posibilidad de prisión de por vida.
Estas herramientas forman parte del cambio que la Policía considera fundamental para enfrentar a las organizaciones delictivas.
Las cárceles también entran en la nueva estrategia
El sistema penitenciario constituye otro de los pilares de la ofensiva anunciada por el Gobierno hondureño.
Las autoridades buscan impedir que integrantes de organizaciones delictivas continúen coordinando actividades ilegales desde los centros penitenciarios.
Para ello, estudian aplicar restricciones más severas sobre comunicaciones, visitas y movilidad de determinadas personas privadas de libertad.
Se analizan medidas utilizadas en el sistema penitenciario salvadoreño, aunque cualquier adaptación deberá ajustarse a la legislación hondureña.
Entre los proyectos anunciados figura la construcción de una nueva cárcel de máxima seguridad.
La apuesta penitenciaria busca reducir la capacidad de mando que algunas organizaciones mantienen incluso después de la captura de sus integrantes.
Las primeras capturas y el desafío de sostener las acusaciones
La Policía Nacional comenzó a presentar resultados mientras se prepara la siguiente etapa de su estrategia de seguridad.
El 26 de octubre, las autoridades reportaron 60 capturas de personas presuntamente vinculadas con organizaciones declaradas terroristas.
De ese total, 30 correspondían a supuestos integrantes de la MS-13, 26 a la Pandilla 18 y cuatro al denominado Cártel del Diablo.
Según el informe policial, 40 detenidos recibieron auto de formal procesamiento con prisión preventiva.
Los otros 20 permanecían en distintas etapas procesales al momento de divulgarse el reporte.
Posteriormente, el 2 de noviembre, Oseguera Mass elevó a 75 el número de personas detenidas bajo esta estrategia.
Sin embargo, las capturas representan solamente una parte del proceso y el Ministerio Público deberá presentar pruebas suficientes para acreditar las acusaciones y sostener los casos ante los tribunales.
El propio director policial reconoció que las nuevas disposiciones pondrán a prueba el desempeño de los operadores de justicia.
Tecnología e inteligencia para ampliar la ofensiva
Se proyecta fortalecer las capacidades tecnológicas de las instituciones responsables de combatir a las organizaciones delictivas.
Las autoridades anunciaron inversiones en equipamiento, herramientas de inteligencia y recursos operativos para la Policía Nacional y la Policía Militar.
La estrategia también contempla mejorar la coordinación entre las instituciones encargadas de investigar, perseguir y judicializar actividades ilegales.
Otro componente consiste en aprovechar, conforme a la legislación aplicable, bienes incautados a organizaciones delictivas para fortalecer las capacidades institucionales.
Del combate a las pandillas a la persecución del cibercrimen
Oseguera Mass también anticipó un cambio que podría ampliar las prioridades de la Policía Nacional.
Según el funcionario, las nuevas herramientas permitirían concentrar esfuerzos futuros en delitos que actualmente reciben menos atención.
Entre ellos mencionó el cibercrimen, una actividad que exige investigadores especializados, capacidades tecnológicas y mecanismos para identificar evidencia digital.
El director reconoció que las autoridades todavía concentran sus recursos en problemas de seguridad que consideran más graves.
Su planteamiento apunta hacia una política criminal más amplia, aunque no precisó cuándo comenzaría ese nuevo componente ni qué recursos tendría.
El verdadero desafío de la nueva política de seguridad
Las reformas legales, el endurecimiento penitenciario y los nuevos operativos configuran una estrategia que promete modificar la respuesta estatal frente a las estructuras delictivas.
Pero la transformación no dependerá únicamente del número de capturas ni de la intensidad de los despliegues policiales.
También exigirá investigaciones sólidas, coordinación institucional, respeto a las garantías legales y resultados verificables en los tribunales.
El Congreso Nacional anunció que solicitará informes sobre la aplicación de las reformas y los resultados obtenidos por las instituciones de seguridad.
Mientras tanto, la Policía prepara una segunda etapa que comenzaría en enero de 2027, con mayores capacidades y objetivos más amplios.
La gran prueba llegará cuando Honduras deba demostrar si las nuevas facultades permiten desarticular organizaciones delictivas y reducir su capacidad de operación.
Porque el verdadero alcance del giro anunciado no se medirá por la fuerza de las advertencias, sino por los resultados que consiga el Estado.
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