Llegaron desde Tocoa y desde Guapinol, con el corazón cargado de dignidad y las pruebas en mano.
Mujeres como Adilia Castro, Juana Zúniga y Juana Esquivel, junto a decenas de defensores del Comité Municipal en Defensa de los Bienes Comunes y Públicos de Tocoa (CMDBCPT), caminaron hasta la Corte Suprema de Justicia para elevar su voz ante la Sala de lo Constitucional.
Lo hicieron para interponer un recurso de amparo contra lo que consideran una cadena de omisiones y abusos del Estado hondureño que amenazan el derecho más básico: el derecho al agua y a vivir en un ambiente sano.
Amenaza a zona protegida
El recurso de amparo surge en respuesta a decisiones que, según las comunidades, evidencian una red institucional que facilitó la operación de la empresa minera Inversiones Los Pinares y su aliada Ecotek.
Lo hicieron dentro del Parque Nacional Carlos Escaleras, zona protegida y reserva vital para el Valle del Aguán que afecta a Guapinol y Tocoa.
En mayo, el Instituto Hondureño de Geología y Minas (Inhgeomin) desestimó la oposición comunitaria contra la renovación del contrato de la planta peletizadora de óxido de hierro de Ecotek.
Un mes antes, el alcalde de Tocoa, Adán Fúnez, extendió permisos operativos a ambas empresas.
Y desde 2023, la Serna guarda silencio ante pruebas que presentaron las comunidades sobre los daños ambientales que provocan estos proyectos extractivos.
La abogada Rita Romero, del CMDBCPT, explicó que estas acciones administrativas reflejan una clara intención de proteger los intereses empresariales.
“Hay un control territorial por parte de la empresa y una permisividad institucional que raya en la complicidad”.
La vida cotidiana se convirtió en acto de resistencia
El Parque Nacional Carlos Escaleras, que lleva el nombre de un líder ambiental asesinado, lo militarizó la seguridad privada de la empresa minera, denuncian.
Las comunidades aseguran que la vida cotidiana se volvió un acto de resistencia: agua contaminada, vigilancia constante y miedo.
“El asesinato de Juan López no fue aislado”, afirmó Juana Esquivel. Juan era un defensor de la zona, lo asesinaron el 14 de septiembre de 2024 por denunciar irregularidades en las licencias mineras.
“Justicia para él es también justicia para el parque. No olvidamos, no perdonamos”, añadió.
Las defensoras también recordaron la promesa hecha por la presidenta Xiomara Castro: no más permisos para proyectos extractivos en zonas protegidas.
Hoy, esa promesa se ve traicionada con iniciativas legislativas que buscan aprobar licencias ambientales exprés.
Plataforma agraria no va a callar
Raúl Ramírez, miembro de la Plataforma Agraria, fue directo: “El alcalde de Tocoa actuó como vocero de la minera. Otorga permisos que no le competen y su actuar se denunció en múltiples ocasiones. No vamos a callar”.
En la conferencia de prensa posterior a la presentación del recurso, las voces se alzaron no solo en contra de los proyectos mineros, sino contra el modelo extractivo que se impone por encima de los derechos humanos.
"Este parque no solo es tierra, es agua, es vida. Y es también la memoria de quienes lo defendemos hasta con su sangre", concluyó Adilia Castro.
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Recurso de amparo única vía legal de defensores del bosque
El recurso de amparo es, hoy por hoy, la única vía legal que tienen estas comunidades para detener el avance de un proyecto que consideran destructor y criminal.
No se trata solo de frenar máquinas o cancelar contratos. Se trata de defender la vida. Y ese grito, aunque se intente silenciar, retumba más fuerte desde Guapinol hasta la CSJ.
Porque cuando el Estado olvida, es el pueblo el que recuerda. Y defiende.
