“Hasta el momento, es complicada la situación en Honduras. Es un país peligroso”, dice Anyeli Ramos desde su casa en Naples, Florida. Habla con la voz entrecortada, no por inseguridad, sino por ese nudo que se forma cuando se menciona el país del que huyó. Desde 1999, ella se protegió bajo el Estatus de Protección Temporal (TPS), pero el fin de ese beneficio la dejó con el alma en vilo.

Ramos no es la única. Más de 55 mil hondureños viven hoy en el limbo migratorio y, si no logran acceder a otras vías legales, en septiembre podrían abandonar Estados Unidos.

La sombra de la deportación les ronda todos los días. Para ellos, regresar a Honduras no significa volver a casa, sino asomarse al abismo del miedo.

Regresar tras TPS a un país sin promesas

Anyeli no olvida el 2014. Fue el año en que una banda criminal asesinó a su hermano y a su primo.

“También me amenazaron a mí”, recuerda. Esa fue la gota que la llevó a buscar asilo. Su caso sigue abierto, pero si pierde el TPS antes de obtener una resolución, también perderá su permiso de trabajo.

“Eso es lo que más nos duele. Trabajamos duro. Nuestro trabajo es sagrado”, dice, con ese tono que tienen quienes limpian casas, cuidan niños y levantan paredes en silencio.

Si la obligan a regresar, no solo pierde protección, sino los ahorros de su jubilación: el fruto de décadas de esfuerzo en un país que nunca le dio papeles, pero sí un espacio para respirar.

La pesadilla del regreso

Noemí López, de 67 años, lo tiene claro: volver a Honduras sería “un cambio durísimo”.

Cuando llegó a Miami, trabajó jornadas de más de 15 horas diarias como empleada de limpieza.

Ahora, aunque ya está retirada, mantiene un pequeño negocio de venta de artículos. Sin TPS, perdería su permiso de trabajo y quedaría a la deriva.

“En mi ciudad hay muchas maras que extorsionan. Si usted trabaja, tiene que darles un porcentaje”, reflexiona Noemí.

Ella vivió en carne propia lo que significa tener que dejar atrás a sus hijos en busca de un futuro mejor. “Fue desesperante”, recuerda.

Hoy, su mayor miedo no es solo económico ni legal. Es emocional. “No me gustaría que me agarrasen y que me tengan en cárceles”, confiesa.

Su nieto, nacido en Estados Unidos depende de ella. Separarla de él sería más doloroso que cualquier multa o cárcel.

El país que dejaron no es el que encontrarán

El Gobierno de Honduras renovó 22 veces el estado de excepción desde 2022, como parte de su lucha contra el crimen organizado.

Pero esa medida no redujom significativamente la violencia. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, Honduras está entre los países con las tasas de homicidios más altas del mundo.

Ese es el país al que podrían ser enviados de nuevo los hondureños protegidos por el TPS.

Un país donde no hay seguridad ni empleo, donde el crimen gobierna más que el Estado y donde el retorno no es una opción, sino una condena.

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Cuando la esperanza también se deporta

“No me quisiera ir”, dice Noemí, casi como un ruego. Aunque sabe que la Corte Suprema ya autorizó al Gobierno a terminar con el TPS para miles de venezolanos, y que ya se retiró para haitianos, afganos, nicaragüenses y cameruneses, todavía guarda una chispa de esperanza.

“Vamos a ver qué pasa. Las organizaciones pro TPS presentaron demandas y ojalá alguna pegue”, señala.

El TPS no es un simple papel. Es la única cuerda que sujeta la vida de miles de hondureños que dejaron atrás la violencia, la pobreza y el miedo.

Detrás de cada beneficiario hay historias de lucha, de trabajo, de fe. Y, sobre todo, de miedo.

Miedo a volver. Miedo a perderlo todo. Miedo a que el país que dejaron los devore si regresan.

Porque para ellos, el fin del TPS no solo es el fin de una protección legal. Es la sentencia de volver a un lugar donde la esperanza, hace tiempo, también la deportaron.