Una empresa transportaba hondureños desde Tennessee hasta Atlanta para obtener documentos. Sin embargo, detrás de las citas consulares funcionó un esquema de cobros ilegales.

La investigación federal reconstruyó cómo circulaba el dinero, quiénes intervenían en las entregas y qué mecanismos utilizaban para coordinar los trámites.

Según la Fiscalía estadounidense, el esquema generó más de 375,000 dólares (unos 9.9 millones de lempiras).

Eso mediante pagos exigidos a una compañía que trasladaba ciudadanos hondureños al consulado.

En el centro de las acusaciones aparece Ada Evila Serrano Núñez, excónsul de Honduras en Atlanta, junto con sus dos hijos y un empleado consular.

El FBI documentó movimientos bancarios, entregas de efectivo y conversaciones que permitieron establecer la presunta participación de los involucrados.

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Las citas consulares y el recorrido de los viajeros

La operación comenzó alrededor de julio de 2023, cuando Serrano presuntamente exigió pagos a una empresa de transporte establecida en Tennessee.

La compañía trasladaba hondureños hasta Atlanta para solicitar pasaportes, documentos de viaje, registros civiles y servicios notariales.

Por cada cliente cobraba aproximadamente 300 dólares, cantidad que incluía el transporte y los presuntos pagos exigidos para gestionar la atención consular.

Además, la excónsul estableció un límite de 15 citas diarias para la empresa, con el propósito de evitar sospechas.

De acuerdo con la acusación, los pagos no correspondían a tarifas oficiales del consulado, sino a exigencias económicas vinculadas con el acceso a los servicios.

¿Cómo seguía el FBI la pista?

Los investigadores reconstruyeron el recorrido del dinero desde las entregas en efectivo hasta su ingreso en cuentas bancarias personales.

Según los documentos judiciales, el empleado consular Mario Antonio Castellanos Velásquez participaba presuntamente en la recolección de los pagos.

También se menciona la intervención de un guardia de seguridad del consulado en el manejo del efectivo.

Posteriormente, parte de los fondos llegaba a Luis Euceda Serrano y Ángel Euceda Serrano, hijos de la excónsul.

Ambos habrían realizado depósitos bancarios por cantidades que oscilaban entre 100 y 6,000 dólares.

Estas operaciones permitieron a las autoridades examinar cómo se movilizaban los fondos presuntamente obtenidos mediante sobornos.

Entre los movimientos documentados figura una entrega de 4,900 dólares realizada el 19 de octubre de 2024.

Las conversaciones que forman parte de la investigación

Uno de los episodios recogidos en la acusación ocurrió el 9 de octubre de 2023, durante una reunión en la vivienda de Serrano.

En esa conversación, la excónsul habría expresado preocupación por la posibilidad de que las autoridades estadounidenses estuvieran vigilando sus actividades.

Según la Fiscalía, mencionó la posibilidad de que existieran cámaras ocultas y micrófonos debajo de su escritorio.

También pidió revisar los conductos de ventilación, ante el temor de que pudieran utilizarse para instalar dispositivos de grabación.

Los investigadores incorporaron estas conversaciones al expediente como parte de las pruebas relacionadas con el funcionamiento del presunto esquema.

Además, identificaron el uso de WhatsApp y Telegram para coordinar citas, comunicaciones y entregas de efectivo.

Consulado
Fachada del Consulado de Honduras en Atlanta. Foto: cortesía.

Una entrega de 4,900 dólares quedó documentada

El expediente federal identifica una entrega de 4,900 dólares realizada directamente a Serrano el 19 de octubre de 2024 para las citas consulares.

Según FOX 5 Atlanta, fue la mayor entrega individual de efectivo documentada en los registros judiciales citados por el medio.

La investigación también estableció que, antes de la llegada de Serrano al consulado, la empresa podía programar citas en línea sin efectuar esos pagos.

Por tanto, los investigadores examinaron el cambio en las condiciones de acceso, las entregas de dinero y los depósitos posteriores.

¿Quiénes aparecen en la investigación del FBI?

La documentación judicial identifica a un guardia de seguridad como uno de los intermediarios. Era ciudadano mexicano y trabajó en el consulado hasta enero de 2025.

También señala a Castellanos Velásquez y a los dos hijos de Serrano como presuntos participantes en la recepción y circulación del efectivo.

Sin embargo, las autoridades no han divulgado la identidad de la empresa de Tennessee, de su propietario ni del empleado que realizaba pagos.

La investigación estuvo a cargo de la oficina del FBI en Atlanta, con apoyo de su Unidad de Corrupción Internacional.

Entre los documentos judiciales citados por FOX 5 figura una declaración jurada presentada el 15 de noviembre de 2026 por el agente especial Joshua Berrios.

el esquema

La investigación llegó a los tribunales federales

El 1 de septiembre de 2026, un gran jurado federal acusó a Serrano de exigir sobornos, conspirar para exigirlos y conspirar para lavar dinero.

Posteriormente, el 15 de noviembre, las autoridades detuvieron a la excónsul, sus dos hijos y Castellanos Velásquez.

El caso constituye la primera acusación presentada bajo la Ley de Prevención de la Extorsión Extranjera de Estados Unidos.

La Fiscalía también busca recuperar los bienes y fondos presuntamente vinculados con las operaciones de citas consulares.

Los cuatro acusados permanecen bajo custodia federal. Las imputaciones deberán ser probadas ante los tribunales.

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