Los padres hondureños pueden mantener la responsabilidad económica de sus hijos incluso después de que estos alcanzan la mayoría de edad, especialmente cuando continúan su formación académica. Sin embargo, esta obligación depende de ciertas condiciones establecidas en la legislación nacional.
El Código de Familia de Honduras contempla la educación y la formación integral dentro de las necesidades que comprende la asistencia alimentaria. Por tanto, los gastos universitarios pueden formar parte de las responsabilidades económicas de los progenitores.

Pero qué sucede cuando un padre se niega a cubrir estos gastos. En exclusiva para tunota.com, el abogado Jorge Martínez explicó cuáles son las condiciones para exigir este apoyo y las acciones legales que pueden tomar los hijos.
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¿Hasta qué edad deben pagar los padres la universidad de sus hijos?
Martínez explicó que, como referencia, la obligación puede mantenerse hasta los 23 años. No obstante, señaló que también puede extenderse cuando el estudiante cursa una carrera de larga duración, conserva buenas calificaciones y demuestra buena conducta.
"Siempre y cuando mantenga buenas calificaciones y buena conducta", explicó el profesional del derecho al referirse a las condiciones para continuar recibiendo el respaldo económico, incluso después de esa edad.

Esta explicación tiene respaldo en el artículo 217, numeral 6, del Código de Familia, que establece una excepción cuando los hijos alcanzan la mayoría de edad, pero todavía no terminan los estudios superiores que comenzaron durante su minoría de edad y obtienen buenos resultados académicos. La normativa no establece los 23 años como límite absoluto.
El artículo 207-A también establece que los alimentos comprenden lo indispensable para el desarrollo integral, incluida la educación y la formación. Además, el artículo 207 señala que el aporte debe ser proporcional a los recursos de quien lo proporciona y las circunstancias de quien lo recibe.
¿Qué puede hacer un hijo si su padre se niega a pagar?
El abogado indicó que existen mecanismos legales para reclamar el cumplimiento de esta responsabilidad. Entre las alternativas mencionó acudir a los juzgados de letras de familia mediante una demanda presentada con asistencia de un profesional del derecho.
También mencionó la posibilidad de denunciar situaciones de violencia doméstica o económica. Sin embargo, esta última vía requiere valorar las circunstancias concretas, pues la Ley contra la Violencia Doméstica establece un ámbito específico de protección para las mujeres.

Por su parte, el artículo 219 del Código de Familia establece que corresponde al juez determinar la cantidad y la forma en que deben pagarse los alimentos, de acuerdo con las condiciones de cada caso.
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