La historia de Honduras podría contarse a través de su sonido más constante: el eco de las balas. Desde el fin de los conflictos armados, el país no logró desarmarse. Entre 400 mil y 1.2 millones de armas circulan hoy en territorio hondureño, aunque solo una fracción está registrada.

El resto habita en la penumbra: armas heredadas de guerras pasadas, fabricadas en talleres clandestinos o desviadas desde las mismas instituciones encargadas de proteger.

La Ley de Control de Armas de 2018 buscó poner orden al caos, pero el registro cayó de casi 36 mil armas ese año a apenas 12 mil en 2022.

El desinterés ciudadano, la falta de incentivos y la corrupción estatal sepultaron una reforma que nació con buenas intenciones y terminó en la inercia.

Los informes que hablan de ese subregistro de armas

Según el informe “Desafíos y amenazas del tráfico de armas y municiones en las Américas”, Centroamérica y Sudamérica concentran el 80 % de los destinos del tráfico ilícito de armas, junto con Asia.

En ese mapa de violencia, Honduras, Guatemala y El Salvador destacan como los países donde la circulación de armas ilegales alimenta la violencia homicida, las pandillas y el crimen organizado.

El mismo estudio revela que el 67 % de los homicidios en las Américas se cometen con armas de fuego, y que la mitad de esos crímenes están relacionados con pandillas o estructuras criminales, un patrón que se repite en Honduras.

La tasa regional es de 15 homicidios por cada 100,000 habitantes, más del doble del promedio mundial (5.8), pero Honduras permaneció históricamente por encima de ese promedio regional, consolidándose como uno de los países más afectados.

Sin huella ni justicia: el fracaso del control balístico

El analista en seguridad Germán Licona explica que el deterioro de los sistemas de control comenzó años atrás.

“Desde el gobierno del expresidente Maduro se intentó, junto al ministro de Seguridad, implementar un sistema balístico nacional porque el país no tenía ese registro. La situación se degradó porque la empresa encargada era de un político de turno y no fluyó la información”, recuerda Licona.

Hasta 2015, con apoyo del gobierno canadiense, se invirtieron más de 20 millones de lempiras para echar a andar un sistema integrado de identificación balística.

“Ese fue un salto importante para la lucha contra la criminalidad", dice Licona. Pero, "el problema fue la falta de sostenibilidad. No se actualizó año con año y, finalmente, el sistema quedó abandonado”.

El país llegó a contar con dos sistemas IBIS, una herramienta implementada en más de 80 países, que permite comparar y correlacionar pruebas balísticas a nivel internacional.

Pero Honduras no se le dio mantenimiento ni continuidad. “La situación es decadente", lamenta Licona.

Asegura que, aunque el 80 % de las muertes violentas son con armas de fuego, "no hay una política de Estado para determinar quién jaló del gatillo o qué proyectil fue percutado”.

A esto se suma que el personal que se preparó para ese registro fue despedido y, con ello, se debilitó el registro.

“El personal que se preparó para operar el sistema fue despedido. Hoy hay más de un millón de armas en circulación y un sistema de investigación en decadencia”, agrega.

El poder detrás del gatillo

En los departamentos fronterizos, las armas son la moneda de poder. Políticos locales, familias empresariales y estructuras criminales comparten el control territorial.

En zonas como Copán u Olancho, donde transita hasta el 90 % de la cocaína con destino a Estados Unidos, las armas son símbolo de jerarquía y dominio.

Las mismas familias que gobiernan los municipios también dirigen empresas de seguridad o tienen vínculos con redes de narcotráfico, revela el informe.

La violencia se institucionalizó: ya no es el crimen el que se infiltra en el Estado, sino el Estado el que se volvió parte del crimen.

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Honduras, el eco de un país sin registro de armas

Honduras es hoy un país armado, pero desprotegido. Las balas circulan sin nombre, las armas sin número de serie, los crímenes sin culpables.

El poder de fuego no está en los arsenales, sino en la impunidad. Mientras la violencia siga siendo rentable y la justicia, opcional, la sombra de las balas seguirá dictando la ley desde la oscuridad.