Han pasado 23 años desde que la Granja Penal de El Porvenir, en Atlántida, se convirtió en escenario de una de las peores tragedias carcelarias de Honduras y América Latina.
El 5 de abril de 2003, un motín dentro del centro penal terminó en una masacre que dejó 69 personas muertas y 39 heridas, en medio de incendios, disparos y ataques con armas blancas.
Lo ocurrido aquel día no solo sacudió al país por la magnitud de la violencia, también puso bajo la lupa la circulación de armas dentro de las cárceles.
Además, la actuación de las autoridades penitenciarias y las profundas fallas de un sistema incapaz de evitar una tragedia anunciada.
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El Porvenir y el conflicto que comenzó días antes
Según las investigaciones que se realizaron posteriormente, días antes de la matanza se ejecutó un operativo para desarmar a integrantes de la Pandilla 18 recluidos en la granja penal.
La acción la ejecutaron agentes de seguridad y reclusos que cumplían funciones de vigilancia y disciplina dentro del recinto.
La medida provocó malestar entre los pandilleros, algunos fueron enviados a celdas de castigo durante varios días, aumentando la tensión dentro de la prisión.
La mañana del 5 de abril, el castigo se suspendió y poco después, Mario Cerrato, alias "El Boris", señalado como líder de la pandilla 18 en el penal, reclamó junto a otros integrantes por el operativo que se dirigió contra ellos.
La cárcel se convirtió en un campo de batalla
Durante el enfrentamiento asesinaron a José Alberto Almendárez, jefe de disciplina entre los internos, mientras otro recluso resultó herido.
A partir de ese momento, la violencia se extendió por toda la prisión. Pandilleros, reos comunes y fuerzas de seguridad quedaron involucrados en una batalla que incluyó armas de fuego, armas blancas, explosivos y combustible.
Las investigaciones revelaron que dentro del penal circulaban revólveres, pistolas de distintos calibres, machetes, tubos metálicos y otros objetos utilizados durante la revuelta. Incluso se reportó la detonación de una granada.
Las llamas atraparon a decenas de internos
Uno de los episodios más dramáticos ocurrió cuando varios pandilleros buscaron refugio en una celda para escapar de los enfrentamientos.
Según los informes del caso, el recinto se cerró mientras el fuego avanzaba rápidamente.
Muchos de los reclusos murieron calcinados y otros fueron alcanzados por disparos o atacados con armas blancas cuando intentaron escapar.
La mayoría de las víctimas eran miembros de la Pandilla 18, aunque también fallecieron reclusos que no pertenecían a pandillas y tres visitantes.
Entre ellos estaba una menor de edad que se encontraba en el centro penal acompañando a familiares.
Las acusaciones alcanzaron a las autoridades
Tras la masacre comenzaron las investigaciones para determinar cómo ingresaron tantas armas a la prisión.
Las pesquisas apuntaron a posibles actos de complicidad y omisión por parte de funcionarios encargados de la seguridad del penal.
Autoridades de la época reconocieron la existencia de indicios sobre participación o tolerancia en el ingreso de armas y otros objetos prohibidos.
Además, varios sobrevivientes denunciaron que a algunos internos los atacaron incluso después de rendirse.
Los testimonios formaron parte de los expedientes que se analizaron durante los procesos judiciales que siguieron a la tragedia.
Las condenas llegaron cinco años después
El caso terminó en los tribunales y se convirtió en uno de los procesos más complejos relacionados con violaciones a los derechos humanos dentro del sistema penitenciario hondureño.
En 2008, un tribunal emitió sentencia contra 21 de los 33 acusados por la matanza. Entre los condenados figuraron autoridades penitenciarias, policías y reclusos.
A ellos se les condenó por los delitos de asesinato, tentativa de asesinato, abuso de autoridad y violación de los deberes de los funcionarios públicos.
Las penas oscilaron entre tres y 1,035 años de prisión y el entonces director de la Granja Penal El Porvenir recibió la condena más alta.
Doce acusados fueron absueltos por falta de pruebas.
Una tragedia que sigue en la memoria del país
La masacre de El Porvenir marcó un antes y un después en la discusión sobre la seguridad penitenciaria en Honduras.
Las imágenes de celdas incendiadas, cuerpos calcinados y sobrevivientes heridos recorrieron el mundo y evidenciaron el nivel de violencia que se vivía dentro de las cárceles hondureñas.
Dos décadas después, la tragedia se recuerda como uno de los episodios más oscuros del sistema penitenciario nacional.
Aquella mañana de abril de 2003 dejó 69 muertos, decenas de heridos y una pregunta que aún resuena en la memoria colectiva: cómo una prisión terminó convertida en un escenario de guerra.
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