La justicia hondureña comenzó a cerrar filas contra quienes convierten el miedo por la extorsión, en negocio.

Bajo la figura de estricta conformidad o procedimiento abreviado, varios extorsionadores optaron por confesar su culpa.

Lo hacen con la esperanza de recibir penas menores, pero ni siquiera esas reducciones suavizan el golpe que implica una condena por extorsión: largas reclusiones, inhabilitaciones y millonarias multas.

En las últimas horas, la Sección Antiextorsión de la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) logró un nuevo paquete de condenas.

Son sanciones que encienden las alarmas sobre cómo estas redes operan en barrios y colonias del país, bajo estructuras criminales que cobran por dejar vivir, trabajar o simplemente circular.

Extorsión: 15 años y L2.5 millones

Maynor Gustavo Salgado Navas es uno de los que decidió aceptar los cargos. Según la Fiscalía, extorsionó en la colonia La Pradera bajo instrucciones de la pandilla 18.

Su confesión no evitó una fuerte sentencia: 15 años de prisión, inhabilitación total durante el mismo periodo y una multa de 2.5 millones de lempiras.

El caso se resolvió mediante un acuerdo de estricta conformidad, una figura legal que permite al acusado declararse culpable de inmediato.

El objetivo: evitar un juicio largo. Pero el resultado, aunque “se reduce”, es contundente.

15 años y medio millón por presionar a un testigo

A Edgardo José Osorio Martínez, el tribunal también le impuso 15 años de cárcel. Su víctima era un testigo protegido, alguien que se atrevió a hablar.

La multa, se calculó según el salario mínimo en construcción de 2020, asciende a 601,488 lempiras.

Su confesión tampoco fue un escape. Fue apenas un intento de que la celda fuera menos prolongada.

La extorsión tiene precio, pero ya no es el que ponen las maras: ahora lo fija el Estado a esos extorsionadores.

“Los Puchos”, extorsión en la colonia Suyapa

No todos los casos se relacionan directamente con pandillas tradicionales. En la colonia Suyapa, Fredy Nahum Oviedo y María Jacqueline Romero, ligados a la estructura criminal “Los Puchos”, también admitieron su culpa.

El castigo: 11 años y tres meses de prisión, inhabilitación absoluta y una multa de 1.8 millones de lempiras.

La figura del procedimiento abreviado se activó en su caso, como en los anteriores. Pero más allá de los beneficios jurídicos, los montos a pagar y el tiempo a cumplir reflejan la dureza con la que se castiga este delito.

Más requerimientos, incluso para menores de edad

Además de las condenas firmes, la Fiscalía presentó requerimientos contra Crystian Armando Molina Hernández, Michael Isaac Auceda Alvarado y Manuel Adolfo Lanza Flores, todos por extorsión contra un testigo protegido.

Y en el ámbito de justicia juvenil, también acusaron a un menor de edad que vinculan a la pandilla 18 en la zona de La Peña. El delito no conoce edad. Tampoco la ley hace excepciones.

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Un delito que devora a sus actores

Aceptar la culpa por extorsión para buscar una rebaja en la pena es cada vez más común.

Pero, como muestran estos casos, el castigo sigue siendo demoledor. Las penas de 11 a 15 años, las inhabilitaciones y las multas que superan los dos millones de lempiras se convierten en un lastre del que difícilmente se saldrá ileso.

En Honduras, extorsionar dejó de ser un negocio rentable. Ahora es un boleto seguro a la cárcel, acompañado de una deuda que ni el silencio podrá pagar.