En los caminos polvorientos del Bajo Aguán, los disparos reemplazaron al canto de los pájaros. Las fincas, que por décadas sirvieron de sustento para cientos de familias campesinas, se convirtieron en campos de batalla.

Ahí, donde antes crecían los cultivos del esfuerzo colectivo, surgieron las botas manchadas de barro y sangre de la banda criminal conocida como Los Cachos.

Todo comenzó entre diciembre de 2024 y febrero de 2025, cuando las comunidades de Camarones, Tranvío y El Chile sintieron el primer embate.

No hubo advertencia. Solo el sonido de motores, ráfagas y gritos. Quienes alguna vez se reunieron bajo los techos comunitarios de sus cooperativas, huyeron con lo que llevaban puesto.

Más de 460 familias fueron arrancadas de sus tierras a punta de fusil; las desplazaron del territorio.

Tierra marcada con fuego

Los Cachos no llegaban a dialogar. Su forma de operar era directa, salvaje. A los líderes campesinos los secuestraban.

Mientras que a los que se resistían, los golpeaban. A otros, los torturaban. Dejaban cuerpos heridos como advertencia y silencio.

“Este terreno ya no es tuyo”, era el grito que lanzaron mientras quemaban pertenencias y disparaban al aire, como si la tierra misma pudiera entender que ahora tenía nuevo dueño.

Las víctimas no eran invasoras ni extrañas. Llevaban tres décadas trabajando esas fincas con títulos legales extendidos por el Instituto Nacional Agrario (INA).

Pero la ley, en esa parte del país, se vuelve polvo ante el sonido de las balas. Las cooperativas no solo perdieron casas y cultivos: perdieron el derecho a vivir en paz.

Bajo Aguán
El Bajo Aguán desde el 2009 ha estado militarizada, pero la violencia no cesa. Foto: redes sociales.

La violencia tenía rostro y nombre

En las noches, los relatos se hicieron leyenda: hombres encapuchados sacaron a familias enteras, apuntaron a niños, patearon ancianos.

“Váyanse o los enterramos aquí mismo”, decían. Fue una campaña sistemática de terror. La banda operó con tácticas que mezclaron lo paramilitar con lo mafioso.

Pero no eran invisibles. Entre los testigos protegidos y las víctimas, emergió el nombre de uno de sus jefes: Juan Carlos Lizama Escalante.

A Escalante lo capturaron las autoridades tras meses de investigaciones de la Unidad de Muertes Violentas del Bajo Aguán (Umviba).

Con su arresto se deshilachó parte del velo. La estructura de Los Cachos quedó parcialmente expuesta.

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Tras las sombras de la impunidad

Aunque hoy hay 15 personas procesadas por desplazamiento forzado, lesiones, secuestros y asociación ilícita, las cicatrices que dejó esta banda no se cierran con una orden judicial.

Hay casas vacías, parcelas en abandono y madres que todavía lloran a sus hijos desaparecidos.

El miedo sigue sembrado en la tierra que alguna vez fue el símbolo de una reforma agraria soñada.

Colón es un territorio en disputa, y la banda Los Cachos, aunque herida, dejó claro que la violencia aún decide quién manda en el Bajo Aguán.