Entre los abogados que están buscando mecanismos para continuar en el proceso se encuentran el magistrado de apelaciones del Poder Judicial, Omar Bonilla Jiménez; el exjuez de lo Civil, Mario Urquía; así como los actuales fiscales del Ministerio Público, Rafael Soto y Luis Javier Santos.

A pesar de los esfuerzos desplegados, el abogado constitucionalista Heriberto Baquedano sostiene que la CSJ declarará ‘sin lugar’ los recursos, considerando los antecedentes del trabajo llevado a cabo por la Junta Proponente. Esta Junta tuvo la responsabilidad de componer la nómina de cinco candidatos a fiscal general y fiscal general adjunto para el periodo 2023-2028, misma que fue remitida al Congreso Nacional para su elección.

Baquedano afirmó, "si estos recursos fueron negados durante el proceso, es muy probable que la Sala de lo Constitucional ratifique esta decisión en el dictamen de no aceptación. Esto se haría para evitar entorpecer el transcurso de los nombramientos que se realicen a posteriori", declaró el jurista a tunota.com.

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Por otro lado, el abogado indicó que si 128 diputados del Legislativo logran consensos y eligen a las nuevas autoridades del Ministerio Público, con la necesaria mayoría calificada de 86 votos, la resolución posterior de la Sala de lo Constitucional carecerá de valor. En sus palabras, "cosa juzgada, juzgada está".

La nómina final de candidatos a fiscales, propuesta por la Junta Proponente, está conformada por Jenny Gabriela Almendares Flores, Mario Alexis Morazán Aguilera, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya Álvarez y Pablo Emilio Reyes Theodore.

Estos candidatos serán los encargados de suceder a Óscar Chinchilla y Daniel Sibrían, actualmente en funciones como fiscal general y adjunto respectivamente. El período constitucional de cinco años para ambos funcionarios llegará a su fin el próximo 31 de agosto.

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