La controversia surge debido a que la diputada Ligia Ramos, quien representa al Partido Salvador de Honduras (PSH), fue incluida en la delegación a pesar de que el partido había nominado al jefe de bancada, Jhosy Toscano.

Salvador Nasralla, fundador del PSH, califica este acto como una deslealtad, ya que la diputada en cuestión se encuentra infectada de covid-19 y, por lo tanto, no puede asistir a las reuniones de la comisión.

Nasralla expresó en redes sociales: "Antiguo amigo Luis Redondo… no seas corrupto como tu jefe y atiende democráticamente las peticiones. La dra. Ligia Ramos se encuentra enferma de covid y PSH así no tendrá representante por esta arbitrariedad que te ordena tu jefe".

Por su parte, la diputada en cuestión rechaza el nombramiento realizado por el presidente del Congreso Nacional para su inclusión en la Comisión Especial encargada de elegir al fiscal general y fiscal general adjunto. Sin embargo, a pesar de este rechazo, indicó que, si Redondo no cambia de opinión, ella no faltará a las reuniones.

VEA: Nominados a fiscal general y adjunto dejan plantada a la sociedad civil en un foro público

View post on X

Elección de las autoridades del MP

Una vez que la Comisión Especial haya evaluado los currículos de los cinco candidatos seleccionados por la Junta Proponente, presentará un informe ante el Pleno del Legislativo, junto con sus observaciones. Posteriormente, los 128 diputados deberán llevar a cabo la elección de las nuevas autoridades de la Fiscalía por medio de un método aún por definir, requiriendo una mayoría calificada (86 votos favorables).

La lista de candidatos está compuesta por Jenny Gabriela Almendarez Flores, Mario Alexis Morazán Aguileras, Marcio Cabañas Cadillo, Johel Antonio Zelaya Álvarez y Pablo Emilio Reyes Theodore.

Diversos sectores de la sociedad, incluyendo el Ministerio Público, instan a los partidos políticos a dialogar, encontrar consensos y elegir a los nuevos fiscal general y fiscal general adjunto antes del 31 de agosto, fecha en que concluye el periodo constitucional de cinco años de Óscar Chinchilla y Daniel Sibrián, las actuales autoridades.

En caso de que el 1 de septiembre, cuando deban asumir sus cargos los nuevos fiscales, no se haya logrado la elección, Chinchilla y Sibrián continuarán en sus funciones hasta que el Congreso Nacional elija a sus sucesores, de acuerdo con lo estipulado en el artículo 80 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo (LOPL).

Ante la posibilidad de este escenario, la presidenta del Poder Ejecutivo, Xiomara Castro, convocó a una movilización para el próximo 29 de agosto con el fin de presionar por la designación de nuevas autoridades en el Ministerio Público. No obstante, este anuncio fue objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad, quienes lo ven como una interferencia en el proceso.

LEA: Óscar Chinchilla, fiscal general: 'El tiempo y la sociedad juzgarán mi trabajo'