Las elecciones primarias e internas del 9 de marzo de 2025 quedaron marcadas por una serie de irregularidades que, según analistas políticos, pusieron en jaque la democracia hondureña.
Edmundo Orellana, ex fiscal general, y Luis León, analista político, advierten que los responsables deben rendir cuentas y que el Ministerio Público tiene en sus manos la obligación de garantizar un proceso electoral limpio en noviembre.
CNE, un ente sin credibilidad
Para Orellana, el principal problema del Consejo Nacional Electoral (CNE) no es la institución en sí, sino sus consejeros.
"No pueden seguir al frente del proceso electoral, han perdido la confianza del pueblo hondureño", afirma con contundencia.
Señala que los consejeros eran los encargados de organizar y supervisar las elecciones, pero "fueron incapaces de ejecutar su labor, pese a meses de preparativos y el uso de grandes recursos financieros", señaló.
Y agrega: "no es posible que ellos aleguen desconocimiento de lo que ocurrió. Su obligación era detectar y corregir irregularidades en el momento. En lugar de eso, actuaron como si fueran tres personas independientes y no como un órgano colegiado", criticó Orellana.
Luis León coincide con esta visión y enfatiza que ninguna acción dentro del CNE se toma sin el consentimiento de sus consejeros.
"Ellos sabían de los buses llenos de votantes, de las deficiencias logísticas. Si el coordinador de transporte despachó así, no lo hizo de manera unilateral", apunta.
Para León, lo prioritario ahora es reconocer los errores, identificar a los responsables y aplicar medidas correctivas para que la historia no se repita en las elecciones generales.
Las Fuerzas Armadas bajo la lupa
Pero los cuestionamientos no solo recaen sobre el CNE. Orellana también apunta a la cúpula de las Fuerzas Armadas como responsables del desorden electoral.
"¿Cómo es posible que los militares hayan ordenado a los motoristas que no entregaran el material electoral a tiempo?", cuestionó.
Para el exfiscal, los uniformados debían cumplir con una función básica y rutinaria: distribuir el material electoral.
"No era una tarea nueva para ellos, pero fallaron. Y ahora el jefe del Estado Mayor Conjunto dice que están aprendiendo para las próximas elecciones. Eso es inaceptable", criticó.
El riesgo, advierte Orellana, es que si los altos mandos continúan en sus cargos, la estabilidad del proceso electoral de noviembre podría estar en peligro.
"La cúpula militar se ha desprestigiado y, con ella, corre el riesgo de desprestigiarse toda la institución castrense", advirtió.
La prueba de fuego del Ministerio Público
Con el CNE y las Fuerzas Armadas bajo cuestionamientos, los analistas coinciden en que la responsabilidad ahora recae sobre el Ministerio Público.
"El Ministerio Público debe decidir quién se queda, quién se va y quién debe ir a la cárcel. No pueden permitirse quedar contaminados por el desprestigio de las otras instituciones", sostiene Orellana.
Luis León agrega que ya es hora de que el Ministerio Público pase de las conferencias de prensa a las acciones concretas.
"No basta con comunicados y visitas a instituciones, deben actuar. La estabilidad del país está en juego cuando las autoridades no son responsables", alertó.
El Gobierno, al margen de la crisis
Para Orellana, el Gobierno ha actuado correctamente al no intervenir en la crisis electoral.
"Si el Gobierno interfiere, contamina el proceso. Es el fiscal general quien debe liderar las investigaciones y tomar decisiones", afirmó.
Renuncias y medidas urgentes
Los analistas son claros: los consejeros del CNE deberían renunciar. "Lo ético es que den un paso al costado, pero aquí no hay ética ni moral política. Ya dijeron que seguirán en sus cargos, sin vergüenza alguna", lamentó Orellana.
Para el exfiscal, en cualquier otro país, los responsables ya habrían dimitido. "Lo que ocurrió el 9 de marzo fue un atentado contra la democracia, contra la Constitución y la República. Aunque no sean los ejecutores directos, los responsables indirectos son ellos", sentenció.
Conclusión
Las irregularidades en las elecciones primarias exponen fragilidades en el sistema electoral hondureño.
Los expertos advierten que la falta de acción podría profundizar la crisis y erosionar aún más la confianza ciudadana.
"Si esto se olvida en 15 días, significará que hemos perdido los valores esenciales de la nación", advirtió Orellana.
El país enfrenta una prueba de fuego: limpiar el camino hacia las elecciones generales de noviembre o permitir que la desconfianza y la impunidad echen raíces en su democracia.
La decisión, según los analistas, está ahora en manos del Ministerio Público.
