La Dirección Policial de Investigaciones (DPI) capturó de una mujer de 43 años y un hombre de 45, investigados de manera preliminar por distintos delitos en perjuicio de dos menores de 8 y 10 años.
Según el informe policial, la captura fue ejecutada este jueves 20 de agosto de 2026 por agentes del Departamento de Delitos Especiales, tras labores de vigilancia y seguimiento en la colonia Reparto por Arriba, en Tegucigalpa, capital de Honduras.
La investigación se inició a partir de una denuncia presentada el 16 de agosto ante la Fiscalía de Turno del Ministerio Público.
De acuerdo con la información proporcionada por la DPI, la mujer, madre de los menores, fue detenida por suponerla responsable de los delitos de maltrato familiar agravado con habitualidad y omisión de los deberes de impedir delitos o promover su persecución.
Incluso, la denuncia indica que la hondureña cometía los maltratos cuando llegaba a la vivienda bajo los efectos del alcohol.
El segundo detenido, padrastro de los niños y de oficio conductor de taxi, enfrenta de forma preliminar acusaciones por maltrato familiar agravado con habitualidad y otras agresiones sexuales agravadas.
La DPI indicó que ambos menores habrían sido víctimas de agresiones físicas y verbales de manera reiterada dentro de su residencia.
Además, las autoridades investigan una denuncia relacionada con presuntas agresiones sexuales en perjuicio de la niña de 8 años.
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Familiares habrían alertado a las autoridades
Según la investigación policial, familiares cercanos habrían intervenido para proteger a los menores antes de poner el caso en conocimiento de las autoridades.
Posteriormente, se presentó la denuncia ante el Ministerio Público, lo que dio inicio a las diligencias investigativas.
Las órdenes de captura fueron emitidas el 19 de agosto de 2026 por un Juzgado de Letras Penal de Tegucigalpa, según el reporte de la DPI.
Detenidos fueron puestos a disposición de la justicia
Tras su captura, ambos sospechosos fueron puestos a disposición del juzgado competente.
El proceso judicial continuará conforme al debido proceso, mientras las autoridades determinan la situación jurídica de los detenidos, es decir, serán ellos quienes confirmen o desmientas las acusaciones.
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