Este caso se relaciona con la resolución arbitral internacional emitida por el Centro de Conciliación y Arbitraje del Colegio de Abogados de Honduras (CAH) en 2009, que involucra a la empresa DRS Inc y el Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS).
En dicha resolución, se condenó al Estado a pagar más de 51 millones de dólares (equivalentes a más de L1,000 millones). Además, una parte de la resolución emitida en septiembre de 2022 ordenó el embargo de la cuenta del Banco Central de Honduras (BCH) con afectación a la Secretaría de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento (Sedecoas) por más de 106 millones de dólares (casi L3,000 millones).
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) denegó el reconocimiento de la resolución arbitral en agosto de 2013, argumentando que era contraria al orden público y había violado los procedimientos de arbitraje establecidos en el ordenamiento jurídico interno.
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A pesar de la decisión de la CSJ, una primera demanda relacionada con este caso fue resuelta seis años después por la jueza Irisabel Lucía Miranda Hernández -antejuiciada por prevaricato judicial continuado-.
Posteriormente, una segunda parte de la demanda fue ejecutada 13 años después por el juez Reymundo Esaú Gradiz Vilorio. En total, esto causó un perjuicio económico al Estado de más de 157 millones de dólares (más de L3,500 millones).
En el marco de este proceso, la UFERCO presentó un procedimiento especial de antejuicio ante la Corte de Apelaciones de lo Civil de Francisco Morazán, solicitando la autorización para proceder con un requerimiento fiscal en contra del juez Reymundo Esaú Gradiz Vilorio.
Además, se considera que el juez es parte de un grupo de personas sujetas de investigación que involucra a distintas instituciones, incluyendo el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República (PGR), el FHIS y particulares.
Cabe destacar que César Arnulfo Salgado Sauceda, exdirector del FHIS, también está vinculado en este caso. Sin embargo, fue sobreseído el año anterior en aplicación del decreto 04-2022, conocido como la Ley de Amnistía.
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