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Honduras atraviesa uno de los momentos más delicados de su sistema sanitario en décadas. El desabastecimiento de medicamentos, la acumulación de miles de pacientes en mora quirúrgica, hospitales saturados y fallas históricas en la planificación llevaron al Congreso Nacional a aprobar un decreto de emergencia en salud que otorga facultades excepcionales al Ejecutivo.
El tema fue analizado a profundidad en el foro Frente a Frente de Canal 5 de este miércoles 4 de febrero, donde legisladores y sociedad civil coincidieron en que la medida representa una oportunidad para salvar vidas, pero también un riesgo si no se ejecuta con controles efectivos, transparencia y resultados medibles.
El debate dejó claro que, al finalizar el plazo de un año, habrá responsables políticos y legales si el sistema no muestra mejoras reales.
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En el programa se trató el tema "Si esta ley otorga poderes excepcionales para salvar vidas, ¿quién responderá política y legalmente si al final del año los hospitales siguen sin medicinas y la mora quirúrgica no se reduce?".
El análisis contó con la participación de Mario Pérez, diputado del Congreso Nacional por el Partido Nacional; Blanca Munguía, directora del sector Salud de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ); y la diputada Alejandra Vallecillo, del Partido Liberal, quienes abordaron el decreto desde enfoques políticos, técnicos y sociales.
Poderes excepcionales bajo vigilancia y responsabilidad
El diputado Mario Pérez defendió el decreto como una respuesta urgente ante una crisis que, según dijo, "ya desbordó la capacidad del sistema ordinario".
Pérez explicó que la emergencia permitirá reducir los tiempos de compra de medicamentos, habilitar fideicomisos para pagos inmediatos y contratar personal médico especializado para ampliar jornadas quirúrgicas.
"Este decreto es un voto de confianza del Congreso al Ejecutivo para atender dos problemas históricos: el desabastecimiento de medicamentos y la mora quirúrgica. No elimina controles legales, pero sí reduce tiempos. Si al final del año no hay resultados, la responsabilidad política recaerá directamente en el gobierno", afirmó Pérez.
El legislador recalcó que la prórroga de la emergencia no será automática y dependerá de resultados verificables, además de informes periódicos al Congreso.
La visión de la sociedad civil
Desde la ASJ, la directora de Salud Blanca Munguía reconoció que la emergencia abre una oportunidad, pero advirtió que no puede convertirse en una repetición de esquemas fallidos del pasado.
La experta presentó datos que evidencian problemas crónicos de ejecución presupuestaria, compras tardías y procesos administrativos ineficientes.
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"Hoy el sistema de salud excluye a los más vulnerables. Mientras quien tiene recursos acude al sector privado, miles de hondureños esperan meses o años una cirugía o un medicamento. La emergencia genera esperanza, pero también una enorme responsabilidad: sin controles preventivos y veeduría social, el riesgo de repetir errores es alto", señaló Munguía.
La representante de ASJ insistió en la necesidad de establecer indicadores claros, una línea base de la mora quirúrgica, monitoreo del abastecimiento y evaluación de la satisfacción de los pacientes.
Respuesta a la crisis sanitaria de Honduras
La diputada liberal Alejandra Vallecillo sostuvo que la crisis sanitaria es un problema histórico que trasciende gobiernos y partidos, pero aseguró que el Congreso tiene hoy la obligación de responderle a la población con resultados concretos.
"Es una deuda histórica con el pueblo hondureño. La salud no es un favor, es un derecho, y por eso estamos comprometidos a darle seguimiento a este decreto. El responsable será el gobierno, y si después de un año no hay avances reales, no vamos a acompañar una prórroga", afirmó Vallecillo.
La parlamentaria subrayó que la emergencia debe servir no solo para comprar medicamentos y reducir la mora quirúrgica, sino también para mejorar la infraestructura hospitalaria y dignificar la atención al paciente.
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"No se trata solo de abastecer, sino de atender con dignidad. Hay hospitales con infraestructura deteriorada y equipos inservibles. La emergencia debe permitir reparar, ordenar y planificar para que el sistema funcione de forma sostenida", añadió.
Vallecillo también aseguró que su bancada ejercerá un rol activo de veeduría política para garantizar que los recursos se utilicen de forma correcta y transparente.
Responsabilidad directa de la Secretaría de Salud
En medio de la emergencia, el presidente Nasry Asfura tomó una decisión inédita: no nombró un titular en la Secretaría de Salud y asumió él mismo la conducción del sector, acompañado por sus tres designados presidenciales y dos subsecretarios de Salud.
Asfura explicó que la magnitud de la crisis lo llevó a asumir directamente la responsabilidad y prometió que en un plazo de hasta dos años el sistema sanitario estará reformado.
El mandatario detalló que el decreto permitirá equipar hospitales, mantener equipos médicos, establecer una red nacional de farmacias y estandarizar precios de cirugías.
Además, aseguró que todas las acciones estarán sujetas a auditoría interna y externa, con participación del Ministerio Público, el Tribunal Superior de Cuentas, el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la ASJ.
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