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El Juzgado Penal en materia de criminalidad organizada medio ambiente y corrupción dictó este lunes detención judicial para Juan Carlos Canales Lobo, uno de los empleados del Consejo Nacional Electoral (CNE) detenidos por la fallida entrega del material electoral en las pasadas elecciones primarias e internas del 9 de marzo.
Canales Lobo era miembro de la comisión evaluadora para la contratación del transporte del material y equipo electoral, del CNE.
Al hondureño se le acusa de violación a los deberes de los funcionarios, negociaciones incompatibles y fraude.
De acuerdo con el portavoz del Poder Judicial, Carlos Silva, la defensa del hondureño presentó un bien inmueble a medida de caución; sin embargo, fue presentado sin el gravamen y el avalúo por lo que el juez no aceptó y determinó enviarlo a la prisión.
Canales Lobo fue enviado al Centro Penitenciario Nacional de Tamara, ubicado en Francisco Morazán.
La audiencia inicial quedó programada para el próximo viernes 4 de abril a las 8:30 de la mañana.
Mientras que las demás personas requeridas ya tienen una orden de captura vigente; sin embargo, su equipo defensor presentó una solicitud de presentación voluntaria.
Requerimientos por retraso en entrega del material electoral
El Ministerio Público informó el pasado 31 de marzo que emitió varios requerimientos fiscales contra diferentes personas involucradas en el transporte del material electoral en las pasadas elecciones primarias en Hondura.
"Hoy el Ministerio Público mediante la Unidad Contra Delitos Electorales ha presentado dos requerimientos fiscales. Un requerimiento en el juzgado con jurisdicción nacional y otro en el juzgado común", señaló el fiscal general de la república, Johel Zelaya en una comparecencia de prensa.
En la comparecencia otorgada la noche del lunes, el fiscal explicó que las acusaciones que se presentaron en el juzgado con jurisdicción nacional van dirigidas contra: Joel Ramos García, excoordinador de proyectos de transporte electoral; Raúl Amílcar Rivera Montoya, Denis Emilio Hércules Rosa, Juan Carlos Canales Lobo, José Martín Pastrana Sánchez, miembros de la comisión evaluadora para la contratación del transporte del material y equipo electoral.
Asimismo, contra Carlos Salomón Fonseca Robles, representante de la empresa Ingeniería Logística, una empresa que, según el fiscal, "no llenaba los requisitos de idoneidad.
"Una empresa que debió tener 143 furgones de 48 pies, 497 camiones de 24 pies, 82 camiones livianos de 12 pies y solo contaba con 10 cabezales y 2 camiones", explicó el fiscal.