El presidente del Consejo de Administración de la Corporación Industrial Sula, Héctor Castro, aseguró el viernes (10.09.2021) que el Ministerio Público como el Servicio de Administración de Rentas (SAR), no agotaron las instancias administrativas para acusarlo por el supuesto delito de defraudación fiscal.
“Realmente ha habido un abuso de poder, en el sentido que no se agotaron las instancias administrativas; de haber ido al sitio, hablar con nuestros contadores y darse cuenta que lo que hubo fueron errores en las declaraciones fiscales”, dijo Castro.
Seguidamente, expresó que dicha empresa goza de beneficios fiscales que le exoneran de algunos impuestos. “Resulta que, en el SAR a través del sistema, los señores que están en Tegucigalpa; asumieron que había algún dolo y se fueron con esa presunción, al llevar esto a niveles atentatorios”, fustigó.
Cabe mencionar que, en las últimas horas, el Ministerio Público, informó que logró auto de formal procesamiento por la supuesta comisión del delito de defraudación fiscal por un monto de 19 millones 849 mil 461.44 lempiras.
En ese sentido, el ente acusador del Estado imputó a Héctor Castro como representante legal de Corporación Industrial Sula S.A. de C.V. por el uso indebido de exoneración del pago del impuesto sobre la renta relacionados con los años fiscales de 2016 a 2018.
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Acusaciones fundamentadas exigen diversos sectores
Diversos sectores han reaccionado ante esta acción emprendida contra el representante legal de Corporación Industrial Sula S.A. de C.V, pero aseguran que las acusaciones tienen que ser fundamentadas.
“Un buen precedente, si tiene las pruebas necesarias determinar que hay una defraudación real; claro que son buenos precedentes”, manifestó el analista Leonardo Pineda.
Al mismo tiempo, agregó que todos los hondureños estamos obligados a contribuir con nuestros impuestos y velar porque como se usan esos impuestos.
“Hay corrupción en el Estado, también hay corrupción en la empresa privada. Toda la corrupción en uno u otro lado, sigue siendo malo”, sentenció Pineda.
Por su parte, el economista Rafael Delgado, es del criterio que cualquier caso de defraudación fiscal debe ser atendido con la debida diligencia.
“Sobre todo en estos tiempos donde las necesidades son cada vez más crecientes para la compensación social; combatir la pandemia y las inundaciones”, dijo Delgado.
Para finalizar, enfatizó que a todos los casos que se presenten de defraudación fiscal hay que darles seguimiento.
