Nelson Reynaldo Gómez, empresario de 38 años y propietario del bar VIP en la zona Esmeralda de San Pedro, Belice, fue acusado el 18 de marzo de 2025 de 14 cargos por emplear a mujeres hondureñas sin permiso de trabajo.
Las acusaciones surgieron tras una redada conjunta entre la policía y el Departamento de Inmigración en su negocio, realizada el sábado 15 de marzo de 2025.
El fallo lo emitió este 11 de julio de 2025 un magistrado que aceptó la solicitud de sobreseimiento por falta de pruebas.
Durante la operación, 14 mujeres hondureñas indocumentadas fueron encontradas trabajando en el local, según las autoridades.
Se identificó a Yolanda Isabel Fuentes Valle, Wuendy Suyapa Flores Galindo, Daniela Alejandra Rodríguez Contreras y Sindy Nicole García Núñez.
También a Mariela Estefany Laínez Ramos, Belkin Elizabeth Durán Fúnez, Audrey Dayanara Cruz Laírez y Marlin Aracely Castillo Ramos.
En la lista figuran, además, Angela Michelle Cantar, Melanie Luque, Ingrid Jamileth Maradel Rosalez, Karla Elizabeth Martínez, Katherine Nicole Hernández Díaz y Carmen Cristina Martínez.
Gómez inocente, hondureñas culpables
El empresario compareció ante el Tribunal de Magistrados de la Ciudad de Belice el martes 18 de marzo, acompañado de su abogado, David McKoy.
La lectura de cargos se realizó en la capital debido a la falta de un magistrado en San Pedro.
Gómez se declaró inocente de todos los cargos, fue puesto en libertad y citado a una nueva audiencia en el Juzgado de Paz de San Pedro para el 14 de mayo.
En contraste, las 14 hondureñas se declararon culpables ante el Juzgado de Paz el lunes 17 de marzo.
Se les impuso una multa de $1,000 cada una más $5 en costas judiciales, bajo cargos que incluían la falta de presentación de un permiso de visitante a solicitud de un oficial de inmigración.
Como no pudieron pagar las multas, las trasladaron a la Prisión Central de Belice a la espera de su deportación a Honduras.
Desestimación por falta de pruebas
Meses después, el caso contra Nelson Gómez se desestimó. Un magistrado aceptó la solicitud de sobreseimiento al considerar que la fiscalía no presentó pruebas suficientes para demostrar que las hondureñas trabajaron en su establecimiento.
Con ello, Gómez quedó absuelto de los catorce cargos migratorios, aunque su negocio permanece cerrado tras la revocación de su licencia comercial.
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Una justicia desigual
Mientras al empresario lo liberaron por falta de pruebas, las hondureñas siguen detenidas y enfrentan deportación.
Sus nombres apenas figuran en los registros, y su situación no genera el mismo nivel de atención legal.
Aunque se declararon culpables, su contexto migratorio y económico no fue parte del debate judicial.
Este caso ilustra cómo la aplicación de la ley puede tener consecuencias radicalmente distintas según el rol que se ocupe en el proceso.
Para Gómez, el sistema ofreció recursos legales y sobreseimiento. Para las hondureñas, la respuesta fue una sentencia inmediata, prisión y expulsión del país.
