Síguenos en Google News
El 14 de diciembre de 2024, el hallazgo de restos desmembrados conmocionó a la colonia Comilsa en Sabá, Colón. Eran de Emy Yosarí Pérez Martínez, una niña de apenas seis años.
Solo unos días después, Nicol Sarahí Villeda Velásquez, de 13 años, apareció muerta en un solar baldío en La Lima, Cortés.
Había desaparecido el 22 de diciembre de 2024. Su nombre se sumó a la interminable lista de menores que el país dejó de proteger.
Una violencia que no da tregua
De enero a noviembre de 2024, 579 niños, niñas y adolescentes murieron de forma violenta en Honduras.
En promedio, más de 50 menores son asesinados cada mes, mientras el Estado parece incapaz de frenar la ola de homicidios, abusos sexuales y reclutamiento forzado por parte de grupos criminales.
“La niñez debe tener entornos protectores porque cerca de 3.5 millones de niñas y niños son el patrimonio de Honduras”, subraya Héctor Espinal, de Unicef.
Espinal insiste en que el 2025 debe marcar el inicio de una inversión real en la infancia. “Reducir todas las formas de violencia es una tarea primordial”, agrega.
El Estado ausente
Para Cándida Sauceda, directora nacional de Casa Alianza, el Estado normalizó la violencia. “No hay garantías reales para proteger los derechos de la niñez. Los homicidios deben ser investigados y castigados, pero el sistema no responde”, lamenta.
Jessica Sánchez, directora del Grupo Sociedad Civil, denuncia la falta de empatía estatal. “Ni un tuit, ni un mensaje presidencial por Nicol Sarahí Villeda. La deuda con las mujeres y niñas sigue pendiente”, enfatiza.
Entre el miedo y la indignación
A pesar de una reducción general de homicidios, con una tasa proyectada de 27 por cada 100,000 habitantes, la violencia contra menores y mujeres no cede. En Honduras, la infancia sigue en peligro constante.
Sauceda advierte que la falta de información sobre los responsables de los asesinatos y la impunidad que los rodea perpetúa el ciclo de violencia. “Las familias viven con miedo y sin respuestas. La justicia no llega”, afirma.
Proteger lo más valioso
Casa Alianza llamó a las autoridades para implementar acciones inmediatas:
- Justicia expedita en los casos de Emy y Nicol.
- Refuerzo en los mecanismos de protección infantil.
- Capacitación de las fuerzas de seguridad en temas de infancia.
“No podemos permitir que la niñez siga muriendo en silencio”, concluye Sauceda.
Emy y Nicol no fueron las primeras, pero deberían ser las últimas. Sus muertes gritan por justicia en un país donde crecer es, para muchos, un acto de resistencia.