El presidente de la Comisión Interventora en el Instituto Nacional Penitenciario (INP), Ramiro Muñoz, anunció este martes que en 18 meses estará construida la mega cárcel que el Gobierno aprobó en el Consejo Nacional de Defensa y Seguridad (CNDS) el pasado 14 de junio.
"Se ha trazado el tiempo, porque se puede construir y estoy seguro que eso va a pasar. El narcotráfico y aquellos que se dedican a eso, causan estragos en nuestro país y hacia esas personas va dirigido este proyecto", indicó Muñoz.
Ante la violencia criminal que sufre Honduras, desde hace varios años, la presidenta Xiomara Castro, anunció un "Plan de solución contra el crimen", que ordena acciones inmediatas.
Entre las medidas de seguridad, está la creación del Centro de Reclusión de Emergencia (CRE), con capacidad para 20,000 privados de libertad en la zona despoblada entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios.
Solución contra el crimen con fines electorales, según analista
El "Plan de solución contra el crimen" anunciado por el CNDS contempla la construcción de dos cárceles, la del CRE y otra en las Islas del Cisne, en el Caribe de Honduras.
Sin embargo, para el abogado penalista y analista político, German Licona, esta medida es una solución contra el crimen con fines electorales.
"Lo que busca el Partido Libertad y Refundación (Libre) es un mayor perfilamiento en la política, ya que estamos a las puertas de las elecciones internas y generales", señaló Licona.
De su lado, la ex comisionada del INP, Delmy Banegas, las soluciones radicales que se proponen contra el crimen, incluidas las cárceles, son a falta de iniciativas propias; la imitación del plan de seguridad del presidente Nayib Bukele en El Salvador.
"¿Por qué no hacen módulos en Támara, si hay espacio suficiente? En Choluteca, Nacaome y Comayagua también tienen espacio suficiente", apuntó Banegas.
Plan de seguridad y la mega cárcel
El plan fue anunciado por Castro en cadena nacional de radio y televisión, luego de una reunión con los miembros del Consejo de Seguridad, integrado por los tres poderes del Estado, la Fiscalía, las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y la Policía Militar de Orden Público (PMOP).
En un comunicado, Castro señaló que las fuerzas de seguridad "de forma inmediata deben planificar y ejecutar intervenciones con carácter de urgencia. Esto, en todos los municipios del país identificados con mayor incidencia en crímenes de sicariato.
Asimismo, narcotráfico, extorsión, secuestro, tráfico de armas, asociación ilícita y el lavado de activos relacionados con estos delitos, que son cometidos por maras, pandillas y bandas del crimen organizado".
Ante la "situación de emergencia declarada en materia de seguridad ordenó construir de inmediato el CRE, acondicionando los espacios físicos necesarios propiedad del Estado con el mismo fin, añade la ordenanza
Los privados de libertad actualmente confinados en el sistema penitenciario nacional, procesados por los crímenes señalados en la resolución, los "trasladarán de inmediato" al CRE.
