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El director de Seguridad y Justicia de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), Nelson Castañeda, advirtió que al menos 65 redes criminales operan actualmente en Honduras.
Esa es una cifra que retrata la magnitud del desafío que enfrenta el país en materia de seguridad.
Para Castañeda, las capturas y los decomisos de armas, aunque importantes, no son suficientes para desmantelar estas redes.
El problema de fondo, dijo, es que el crimen organizado tiene una enorme capacidad de regeneración cuando sus recursos económicos permanecen intactos.
“Obviamente entendemos que, sin atacar el patrimonio criminal, pues el crimen organizado se regenera, y obviamente la estructura sobrevive al líder cuando el dinero permanece intacto”, expresó.
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Redes criminales sin golpear sus finanzas
Castañeda explicó que perseguir bienes, empresas fachada y cuentas bancarias no depende de una sola institución.
Se trata, afirmó, de una tarea compleja que exige coordinación entre fiscales especializados, jueces, inteligencia financiera, peritos y entidades encargadas de administrar los bienes incautados.
A su criterio, el Ministerio Público necesita fiscales altamente eficientes dentro de una fiscalía especializada contra el crimen organizado que cuente con herramientas técnicas, logística e investigadores capaces de seguir la ruta del dinero.
También consideró indispensable que la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) fortalezca la emisión de alertas financieras para que las investigaciones no se queden a medio camino.
A ello se suma otra debilidad estructural: la escasez de peritos especializados. Esos perfiles técnicos son los que más faltan dentro del sistema.
“Y aparte de ello, se requiere también de peritos especializados que son los que más escaseados están en este momento. Es de lo que menos tenemos en el Ministerio Público, y es ahí donde también el presupuesto juega un rol importante”, señaló.
OABI y el circuito judicial, piezas claves del golpe real
En esa cadena institucional, la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) también juega un papel decisivo.
Para ASJ, si el Estado pretende asestar golpes certeros a las redes criminales, necesita evitar que estas sobrevivan a través de capitales.
También, propiedades o recursos que no son debidamente controlados, asegurados o administrados.
La visión de Castañeda apunta a una estrategia más profunda: no solo capturar a quienes ejecutan delitos, sino desmontar el soporte económico que mantiene a flote a las redes.
Eso implica, además, fortalecer el circuito judicial especializado para que las investigaciones financieras no terminen naufragando entre la lentitud, la falta de personal o la debilidad probatoria.
Menos show policial, más resultados medibles
En paralelo, el director de la Policía Nacional, Rigoberto Oseguera Mass, afirmó que la nueva estrategia para combatir la criminalidad se basará en la focalización territorial.
Es decir, en concentrar recursos policiales en las zonas con mayor incidencia delictiva. “No vamos a seguir haciendo operativos para que nos tomen la foto”, declaró.
Oseguera, en una frase apunta a marcar distancia con acciones meramente mediáticas y a prometer una intervención más orientada a resultados.
Sin embargo, la verdadera prueba no estará en el discurso, sino en los efectos concretos que esa estrategia produzca en los próximos meses.
Para Castañeda, la rendición de cuentas será clave para medir si la visión gubernamental logra debilitar de forma permanente los liderazgos internos de las redes criminales.
La advertencia de ASJ deja una conclusión incómoda: en Honduras, el crimen no solo se defiende con armas.
También se protege con dinero, con vacíos institucionales y con un aparato estatal que todavía no logra golpear donde más duele.
Mientras el patrimonio criminal siga a salvo, las capturas podrán llenar titulares, pero difícilmente vaciarán de poder a las 65 organizaciones que hoy siguen disputándose el control del país.
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