Un juzgado penal en materia de Criminalidad Organizada, Medio Ambiente y Corrupción dictó este lunes auto de formal procesamiento con medidas cautelares distintas a la prisión para el exdirector de la Policía Nacional, Ricardo Ramírez del Cid y su esposa Thelma Umaña, acusados por el delito de lavado de activos en perjuicio del Estado.
De acuerdo con lo informado por la portavoz del Poder Judicial, Lucía Villars, durante la audiencia inicial las partes procesales presentaron diferentes medios de prueba. Posteriormente, el juez que conoce la causa dictó el respectivo auto de formal procesamiento.
Además, indicó que tanto Ramírez del Cid y su cónyuge tendrán que cumplir las medidas cautelares de quedar bajo vigilancia y cuidado de sus apoderados legales.
Asimismo, deberán firmar cada 15 días en ese Juzgado, la prohibición de salir del país y la presentación de una caución a favor del Estado hondureño por más de 7 millones de lempiras.
No obstante, el Poder Judicial informó que si las partes procesales no se encuentran conformes con la resolución, tendrán tres días hábiles para interponer un recurso de apelación.
De lo contrario, en los próximo días se desarrollará la audiencia preliminar con el objetivo que la causa pueda ser elevada a juicio oral y público.
Caso contra Ramírez del Cid
El exjefe policial y su esposa fueron retornados de España la semana anterior y posteriormente recluidos en una unidad especial de la Policía Nacional, en Tegucigalpa.
Según la versión oficial, entre 2007 y 2016 Ramírez hizo movimientos financieros por alrededor de 37,7 millones de lempiras, de los que no ha podido justificar 26,7 millones de lempiras.
Por su parte, la esposa de Ramírez no ha podido justificar 1,4 millones de lempiras de 3 movimientos financieros por más de 2 millones de lempiras.
Antes de ser trasladado al Juzgado de Criminalidad Organizada, Ramírez declaró a los periodistas que ha enfrentado "un proceso difícil" y que "los abogados han tenido que documentar todo para demostrar" que está "limpio" y que va "a dar la cara".
Señaló que el Ministerio Público lo acusa "arbitrariamente por lavado de activos", pero aseguró que puede justificar el origen de todos sus bienes.
"Yo sé lo que tengo, sé lo que he hecho y no tiene por qué darme pena. Si no había venido (a Honduras) es porque es un trabajo largo donde hay que documentar mucho papeleo", subrayó el exjefe de la Policía hondureña, quien junto a su esposa tenía asilo en España.
Sobre los bienes que le aseguró en 2021 el Ministerio Público, el exjefe de la Policía hondureña señaló que "están destruidos".
El exjefe de la Policía hondureña fue destituido del cargo en mayo de 2012 por el expresidente Porfirio Lobo (2010-2014), en momentos en que se supo que un agente está implicado en el secuestro y asesinato del periodista Alfredo Villatoro.
