En Centroamérica, contar la verdad cuesta caro. Enfrentar al poder, cuestionarlo, revelar sus vínculos con el narcotráfico, denunciar la corrupción o hablar de derechos humanos puede significar una amenaza directa, el exilio o incluso la muerte para la prensa.
Esto es lo que retrata con crudeza el más reciente Informe sobre el Estado de la Libertad de Expresión y la Seguridad del Ejercicio Periodístico en Centroamérica, presentado por el Programa de Libertad de Expresión y Derecho a la Información (Proledi) de la Universidad de Costa Rica junto a la Fundación Heinrich Böll.
El documento levanta una radiografía sombría del periodismo en cinco países: Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Honduras.
En todos, sin excepción, los periodistas enfrentan un ecosistema hostil donde el poder no protege, sino que amenaza.
El informe revela que los ataques no provienen únicamente del crimen organizado o grupos ilegales, sino y sobre todo de quienes deberían garantizar la libertad de prensa: los propios Estados.
Honduras: tierra de impunidad y silencio forzado
En el caso hondureño, la situación es crítica. Según datos del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), el 88 % de los asesinatos contra periodistas y trabajadores de medios desde 2001 siguen impunes.
Esto crea un "manto de impunidad" que alienta nuevas violencias y refuerza el miedo. El informe del Comité por la Libre Expresión (C-Libre) no titubea: en Honduras hay “violencia letal contra la prensa”.
La impunidad, sumada a un marco jurídico permisivo que criminaliza a periodistas a través del Código Penal o leyes contra ciberdelitos, convierte al país en un terreno minado para quienes intentan informar con independencia.
A esto se suma el uso constante de decretos de Estado de Excepción, hoy vigentes en 126 de los 298 municipios que restringen aún más el acceso a la información y la movilidad de periodistas en zonas sensibles.
Los temas prohibidos
¿Qué temas son los más peligrosos de cubrir? La respuesta es tan reveladora como preocupante: narcotráfico, crimen organizado, corrupción y maras.
En Honduras, además, se señala como riesgosas las coberturas sobre trata de personas, violencia estatal, derechos humanos y el seguimiento a las fuerzas policiales y militares, señala el informe.
En muchos casos, el riesgo no es abstracto. Es concreto. "Amenazas directas, seguimiento, campañas de desprestigio, hackeos, y, en el peor de los escenarios, asesinatos", se generan dice el documento.
La violencia digital no es menos real
El informe revela un fenómeno alarmante: la violencia digital no solo está normalizada, sino que es estratégica.
Periodistas reciben ataques sistemáticos en redes sociales mediante memes, videos y amenazas personalizadas que también alcanzan a sus familias.
Detrás de muchas de estas agresiones hay estructuras organizadas, a menudo ligadas a simpatizantes de partidos políticos o incluso funcionarios estatales.
Esta violencia no termina en el espacio digital. Para muchas mujeres periodistas, lo virtual escala rápidamente a lo físico, a lo laboral, al miedo cotidiano.
Mujeres periodistas: doble riesgo
La violencia de género en el periodismo también aumentó. En Honduras, varias periodistas son víctimas de acoso sexual, despidos arbitrarios por negarse a relaciones de poder abusivas o campañas de desprestigio.
"Una de ellas, Jennifer Ávila, directora de Contracorriente, ha sido objeto constante de ataques por parte de sectores políticos y económicos", refiere el informe.
Los testimonios que recoge el informe reflejan historias desgarradoras: periodistas forzadas al exilio, otras que dejaron la profesión por amenazas y acoso, muchas de ellas silenciadas por redes de poder dentro del mismo gremio.
¿Quién protege a quienes protegen la verdad?
El informe no deja lugar a dudas: los Estados centroamericanos fallan, concluye el informe.
"En lugar de garantizar la libertad de prensa, se convirtieron en sus principales agresores. En lugar de fortalecer una opinión pública libre, estigmatizan, hostigan y silencian", señala.
Y sin libertad de expresión, simplemente no hay democracia. No es una metáfora: una ciudadanía desinformada no puede fiscalizar al poder, ni tomar decisiones informadas, ni resistir los abusos del autoritarismo.
Centroamérica se encuentra en una encrucijada: o garantiza el derecho a informar y a ser informado, o se acelera su ruta hacia el autoritarismo.
El periodismo no es el enemigo del Estado, es el antídoto contra el abuso de poder. En Honduras y en el resto de la región, defender a la prensa independiente es defender el derecho de todos y todas a vivir en democracia.
Porque sin periodistas no hay quien cuente las historias que otros quieren ocultar. Y sin esas historias, lo que muere no es solo la verdad, sino también la libertad.
