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No fue en la calle ni bajo la sombra de la noche ajena, fue dentro de casa. Allí, en el barrio Las Palmas de San Pedro Sula, Dolores Eloina Mejía García —enfermera de profesión— fue asesinada por su esposo.
El 17 de marzo de 2024, tras una discusión, José Leonel Sarmiento le disparó por la espalda.
Fue una herida letal, que le cerró cualquier posibilidad de defensa, cualquier intento de huida, cualquier última palabra. La violencia no llegó de fuera, la enfermera la tenía en su casa.
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La muerte de la enfermera y la ruta judicial
Más de un año después, el caso se mueve en los tribunales hacia su desenlace. El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), solicitó una pena de 20 años de reclusión durante la audiencia de individualización de la pena.
El camino hasta aquí no fue inmediato, el pasado 25 de marzo, en audiencia de juicio, Sarmiento fue declarado culpable de parricidio, luego de que la Fiscalía presentara pruebas que lo vinculan directamente con el crimen.
Ahora, la justicia entra en su última fase: definir cuánto tiempo deberá pagar por lo ocurrido.
La evidencia que lo dejó sin salida
La caída de José Leonel Sarmiento no se construyó con suposiciones, sino con piezas que encajaron una tras otra hasta cerrar el cerco.
El Ministerio Público presentó pruebas forenses, periciales y testimoniales que terminaron por sostener la acusación de parricidio ante el tribunal.
No hubo margen para la duda cuando la ciencia empezó a hablar y el dictamen de autopsia fue uno de los golpes más contundentes.
Esa autopsia estableció que Dolores Eloina Mejía García recibió un disparo por la espalda, un detalle que no solo reconstruyó la escena, sino que también desnudó la indefensión de la víctima en el momento del ataque.
La madrugada del crimen dejó de ser un relato fragmentado para convertirse en una secuencia clara, respaldada por evidencia técnica.
Cuando la violencia empieza en casa
Lo que este caso deja al descubierto no es solo un crimen, sino el lugar desde donde se ejecutó.
La casa, ese espacio que debería proteger, se convirtió en escenario de muerte y la víctima, una enfermera —una mujer dedicada a cuidar la vida— terminó perdiéndola en manos de quien compartía su día a día.
Ahora, la decisión está en manos del tribunal, veinte años es la pena que pide la Fiscalía.
Falta que la justicia diga si ese castigo alcanza para medir el peso de un disparo que no solo quitó una vida, sino que quebró el sentido mismo de lo que debería ser un hogar.
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