La tarde del 13 de junio de 2024 se volvió una pesadilla en las calles de Comayagüela.Erick Daniel Bonilla Pérez, un menor de 16 años, conducía una motocicleta junto a un amigo. No imaginaba que detrás de él venía una patrulla policial con las sirenas encendidas, ni que esa persecución terminaría en tragedia porque los policías le dispararon.
De acuerdo con la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), los agentes asignados al Distrito Policial 1-1 del barrio El Edén intentaron requerir al menor, pero este no se detuvo.
La patrulla con registro RPM 936 lo siguió hasta alcanzarlo en la Cuarta Avenida. Fue entonces cuando el policía Carlos Adrián Núñez Ávila, desde el asiento trasero, sacó su fusil reglamentario calibre 5.56 y disparó.
La bala impactó el costado izquierdo del cuerpo de Erick. El muchacho cayó al suelo sin poder defenderse.
Los agentes no llamaron una ambulancia. No intentaron ayudarlo. Solo el silencio de la calle quedó como testigo de aquel abuso de poder.
Penas para policías por la muerte del menor
El Ministerio Público, a través de la Fiscalía Especial de Delitos Contra la Vida (FEDCV), solicitó penas severas.
La muerte de Erick no puede quedar como una cifra más, dijeron los fiscales. Por eso, pidieron al Tribunal de Sentencia castigos que podrían oscilar entre 15 y 18 años de prisión para los responsables.
El exagente Carlos Adrián Núñez Ávila, quien disparó el arma, podría enfrentar 17 años y seis meses de cárcel por homicidio.
Los agentes Mario Orlando Amador Sosa y Kenia Yoxibel Cárcamo Ordóñez podrían recibir 15 años y nueve meses por encubrimiento.
Y la subinspectora Rosi Elizabeth Valladares López enfrentaría 18 años y nueve meses por encubrimiento y omisión del deber de socorro, al no auxiliar al menor agonizante.
La Fiscalía también pidió que se revoquen las medidas sustitutivas para los tres que no estaban en prisión preventiva.
“No hay justicia posible si los culpables de un homicidio policial caminan libres”, afirmó una fuente de la FEDCV.
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El crimen que avergüenza a la institución
El asesinato de Erick Daniel Bonilla Pérez destapó una herida profunda en la Policía Nacional de Honduras, una institución que la marcan las denuncias de abusos y corrupción.
El caso lo investigó la Sección de Muertes Cometidas por miembros de los Cuerpos de Defensa y Seguridad, que documentó cómo los agentes alteraron versiones, omitieron información y encubrieron el homicidio.
Erick tenía 16 años, sueños por cumplir y una vida por delante. Su historia ahora forma parte de la larga lista de jóvenes que mueren por el gatillo de quienes deberían resguardarlos.
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Una bala que exige justicia
Los cuatro policías fueron arrestados el 25 de julio de 2024 por equipos de la ATIC, con apoyo de la propia Policía Nacional.
Pero para la familia de Erick, la justicia aún no llega. Cada audiencia revive el dolor, cada retraso judicial reabre la herida.
El homicidio policial de Erick Daniel Bonilla Pérez no solo debe cerrar con una sentencia: debe marcar un punto de inflexión en la conducta de las fuerzas del orden.
Porque cuando la ley dispara, no hay uniforme que borre la culpa ni tribunal que devuelva la vida.
